El cervecero al que Marchena ha condenado por insultar al rey

BarcelonaEl Tribunal Supremo confirmaba el martes la multa de 720 euros por un delito de injurias leves en la corona impuesta por la Audiencia Nacional en el 2022 a Albert Baiges (Montbrió del Camp, 1984) por insultar a Felipe VI por redes e instar a "cortarle el cuello". Manuel Marchena fue el ponente de una sentencia que rechaza que el acusado pueda acogerse a la libertad de expresión. El juez que condenó a los líderes del 1-O y el resto de magistrados consideran que son insultos que no están amparados por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que no aportan nada al "debate político sobre la monarquía como forma de Estado".

Baiges se plantea presentar recurso de amparo en el TC o ir a Europa. "Esta sentencia ya estaba escrita y llegaremos a donde sea necesario porque siempre son los mismos haciendo lo mismo contra los mismos", dice en referencia a Marchena, a quien tacha como "la punta de lanza del españolismo". La activista bromea con que la Fiscalía le acusara de tener capacidad de influencia para que otros llevaran a cabo su llamamiento. "Tenía 160 seguidores en Twitter, por tanto, el poder que tenía era pequeño", ironiza el activista, que atribuye el proceso judicial a su larga militancia a la izquierda independentista, primero en el SEPC y después en Endavant y en el CDR.

Se trata de un proceso que podría haber terminado mucho peor. A raíz de su tuit, la Brigada de Información de la Policía Nacional le acusó de enaltecimiento de terrorismo por repiular un mensaje que recordaba las muertes que había sufrido ETA o por proferir mensajes contra los cuerpos policiales. "Incluso le pusieron nombre, Operación Krona, es esperpéntico", denuncia Baiges, que recuerda la incongruencia que se puedan quemar fotos del rey, pero no insultarle. De hecho, Alerta Solidaria, que le ha defendido, recordaba que el jueves llevaba justamente siete años condenando el TEDH al Estado a anular la multa impuesta a dos independentistas por quemar fotos del rey.

La Policía Nacional reclamó la intervención de comunicaciones e, incluso, el arresto, pero la magistrada de la Audiencia Nacional, Maria Tardón, paró los pies en el cuerpo policial y suspendió las diligencias contra este cervecero, que trabaja en una cooperativa del Baix Camp. Lo hizo tarde, eso sí. "Estuve un año y medio arrastrando un delito por el que pedían ocho años de cárcel a Pablo Hasél o Valtónic con la angustia que esto implica y cuando pedí explicaciones por la demora me dijeron que se había alargado por un error informático".