La deriva de los populares europeos contra la amnistía
El independentismo miró mucho tiempo hacia Europa esperando que después del 1-O obligara a España a negociar. Pero esto nunca ocurrió. La respuesta de Bruselas siempre fue la misma: que era un asunto interno español. Ahora es precisamente el PP, que es quien estaba en el gobierno español durante el 1-O, quien recurre a Europa. Y lo hace para, con la excusa de la amnistía a los encausados por el Proceso, poder descabalgar a Pedro Sánchez del ejecutivo. Sin embargo, el problema son los argumentos que se utilizan. En un acto este lunes en Barcelona, Feijóo ha dicho que "la UE no puede normalizar en España lo que no admite en otros estados". Y el jefe de filas del PP europeo, Manfred Weber, aseguró que "España está cogiendo la misma dirección que Orbán". Nadie con dos dedos de frente en Bruselas puede tomarse en serio estas palabras, y es una lástima que el PP europeo, y más aún un conservador bávaro como Weber, diga estas barbaridades.
¿Cómo comparar España, por muchas deficiencias que tenga, con un país donde se persiguen a los homosexuales, ¿se cierran diarios y se recortan los derechos de la oposición democrática? ¿Qué diría Ursula von der Leyen, que es de la misma familia política que Weber y Feijóo, sobre Sánchez? La deriva de los populares europeos no es ajena a la pujanza de la extrema derecha, y por desgracia tanto en Europa como en España quienes antes conformaban la familia democristiana europea ahora consideran que para no perder terreno deben radicalizarse y de aliar con la extrema derecha, algo que no hace mucho era una línea roja.
Para colmo de males, el juez Manuel García-Castellón continúa con su cruzada para atribuir el delito de terrorismo a los miembros de Tsunami Democrático, entre ellos Carles Puigdemont y Marta Rovira, y ahora reclama información a la OTAN y la UE sobre la afectación que tuvo la ocupación de El Prat durante las protestas por la sentencia del Proceso. García-Castellón también ha invitado a la familia del turista francés fallecido por un infarto a personarse en la causa, ya que, si se puede atribuir el deceso a las protestas, automáticamente los encausados quedarían excluidos de la amnistía.
Se trata de una maniobra que jurídicamente no se aguanta por ninguna parte. El terrorismo es algo muy serio, y presupone una voluntad explícita de matar. Todo el mundo sabe la diferencia entre un atentado, por ejemplo el de Hipercor, y una manifestación como la del aeropuerto de El Prat, que ni siquiera logró detener el tráfico aéreo, como sí hicieron los controladores durante la huelga de diciembre del 2010. Considerar que había voluntad de causar muertes en aquellas protestas, por ejemplo provocando infartos a los turistas que se vieron afectados, es totalmente descabellado.
Sin embargo, en todo caso, tanto la maniobra judicial como la ofensiva europea del PP demuestran que la batalla por salir adelante la amnistía será durísima y se librará no solo en España sino seguramente en el tablero y los tribunales europeos. Y que el gobierno español, si quiere ganar la partida, tendrá que jugarla en todos los frentes posibles.
