Con fecha límite pero sin candidatos para la investidura
La política catalana ha vivido tiempos convulsos, últimamente, y se han visto cosas que hace unos años habrían parecido imposibles, como la entrada en prisión de un candidato a la investidura en pleno debate, que es lo que le ocurrió a Jordi Turull en el 2018. Lo que nunca se había visto, sin embargo, es que después de las elecciones no haya ningún candidato que quiera someterse a un debate de investidura. Y ésta es exactamente la situación que tenemos hoy. El presidente del Parlament, Josep Rull, pondrá en marcha el próximo miércoles el reloj de la investidura con lo que se llama un "acto equivalente", por lo que la fecha límite quedará fijada para el 26 de agosto. Durante estos dos meses los partidos tendrán que negociar para tratar de encontrar un desquiciador a la situación, y todos los ojos estarán puestos sobre ERC, que en plena pugna interna es quien tiene la clave para hacer presidente al socialista Salvador Illa.
De entrada, pues, habrá que dar tiempo a los equipos negociadores para que exploren todas las posibilidades, en especial la financiación singular para Cataluña que reclaman los republicanos. Pero, en cualquier caso, lo que no sería aceptable en modo alguno sería llegar al límite del 26 de agosto sin que nadie haya afrontado un debate de investidura. Los dos candidatos que se han propuesto, Salvador Illa y Carles Puigdemont, deben poder dirigirse a la ciudadanía para defender un programa de gobierno y reclamar los apoyos que crean necesarios. Éste sería un acto mínimo de transparencia de cara a una eventual repetición de las elecciones. En última instancia los ciudadanos deberían saber por qué los tres partidos de los que depende la gobernabilidad –es decir, PSC, Junts y ERC– no han sido capaces de articular un acuerdo que permita sacar adelante un gobierno. Dos meses de negociaciones sin resultado serán un fracaso, pero el fracaso será doble si los candidatos después no dan el paso de presentarse a la investidura.
En el caso de Salvador Illa, debería explicar cuáles son las líneas rojas que han impedido el acuerdo, sean la financiación o el Hard Rock. Y en el caso de Puigdemont, debería explicar con qué argumentos reclama la abstención del PSC después de haber obtenido siete escaños menos en las elecciones del 12-M. Lo que no sería aceptable es que para evitar el desgaste no hubiera ningún debate de investidura. En cualquier caso, la responsabilidad de los partidos, de todos ellos, es llegar a un acuerdo que impida una repetición que no haría más que alargar la situación de interinidad del actual Gobierno, sin ninguna garantía de un resultado más claro o con una aritmética más favorable al acuerdo. Dos meses es más que suficiente para llegar a un acuerdo, que inevitablemente tendría consecuencias sobre la política española y la estabilidad del gobierno central. La dificultad es máxima, pero esto no puede ser una excusa para no intentarlo, al contrario, debe verse como una oportunidad para desbloquear las dos legislaturas, la de aquí y la de allá. Porque todos sabemos a quién beneficia el bloqueo.
