ERC ha puesto sobre la mesa como condición para investir a Salvador Illa que Catalunya disponga de un sistema de financiación propio que incluya la recaudación del 100% de los impuestos, es decir, algo muy parecido al concierto vasco. Y como ya ha ocurrido en otras ocasiones cuando los socialistas han necesitado el apoyo de los independentistas, el PSOE se ha abierto a negociar, eso sí, con pies de plomo y calibrando las palabras al máximo. La versión oficial que trasladan tanto desde la Moncloa como desde el PSOE es que es compatible un acuerdo multilateral entre todas las comunidades autónomas, como una financiación que tenga en cuenta la "singularidad" de Catalunya. La realidad, sin embargo, es que lo que está pidiendo ERC (y también Junts en su acuerdo de investidura con Pedro Sánchez) no es una simple mejora de la financiación, es decir, más dinero, sino tener lo que coloquialmente es llama "la clave de la caja", es decir, recaudar todos los impuestos aquí y después pactar una aportación solidaria para el resto de territorios. Y esto es imposible que se pueda llevar a cabo sin una reforma de la Lofca, ya que obligatoriamente situaría a Catalunya fuera del régimen común.
Curiosamente, el texto del Estatuto de 2006 ya preveía, en el artículo 204, la creación en el plazo de dos años "de un consorcio, o un ente equivalente, con participación paritaria de la Agencia Estatal de 'Administración Tributaria y de la Agencia Tributaria de Cataluña'. Y añadía que "el Consorci se puede transformar en la Administración Tributaria en Catalunya". De entrada, pues, debería exigirse el cumplimiento del Estatut. Y la negociación política debería servir para que la parte catalana tuviera preeminencia en este consorcio, al estilo de lo que ya ocurre en el Port de Barcelona. Ahora bien, para dar ese paso Pedro Sánchez y el PSC deberían ser valientes y plantear una propuesta ambiciosa, así como asumir el coste que Catalunya debe dejar de formar parte del régimen común y tener un grado de soberanía fiscal superior. Evidentemente, este paso provocará una revuelta de los territorios del PP y de los propios funcionarios de la Agencia Tributaria, pero si de verdad se quiere empezar a ofrecer soluciones para el conflicto catalán éste es el camino, ya que la demanda de un sistema similar al concierto goza en Cataluña de un amplio consenso que incluye a los principales agentes económicos.
Sin embargo, cabe señalar que para aprobar cualquier reforma legal habrá que contar también con los votos de Junts al Congrés. Por tanto, más que intentar interferir en la negociación entre el PSOE y ERC, lo que debería hacer Junts es sumar fuerzas con los republicanos para conseguir un objetivo que es compartido. De hecho, en la etapa final de la negociación de la amnistía, ERC y Junts ya se coordinaron y lograron muy buenos resultados. Lo que no tiene sentido es actuar de forma partidista cuando está en juego el bienestar de la ciudadanía de Catalunya y considerar que un acuerdo sólo es bueno cuando lo firma uno y no otro. Es hora de que ambos jueguen bien sus cartas para conseguir la soberanía fiscal de Catalunya.
