Cómo garantizar el catalán en la escuela
Los intentos de convertir la escuela en campo de batalla de la lengua llevan años durando. Entidades minoritarias, apoyadas por el nacionalismo español de la derecha y la extrema derecha, han logrado judicializar y envenenar el debate. Sembraron la semilla del enfrentamiento. Sin embargo, hay que decir que en la práctica han tenido un seguimiento social exiguo. Porque la realidad es la que es y, por muchas distorsiones mediáticas que se difundan, la lengua socialmente débil, especialmente entre los jóvenes, es el catalán. Por tanto, es la que necesita un impulso especial, una discriminación positiva que dio pie a los inicios del autogobierno al pacto por la inmersión lingüística basado en la idea de hacerla lengua vehicular prioritaria de la enseñanza, necesidad que no sólo permanece, sino que incluso hoy es más imperativa que hace cuarenta años.
Los datos son indiscutibles: el uso social del catalán ha retrocedido. Sólo lo hablan habitualmente el 25% de los jóvenes de entre 15 y 34 años (en 2007 lo utilizaban el 43,1%). Asimismo, también está fuera de duda que en las escuelas de primaria y secundaria todos los alumnos aprenden el catalán y el castellano, y que la convivencia de las lenguas es fluida. Y, en todo caso, si hay un idioma que cojea más entre niños y adolescentes es el catalán, ya que en muchas familias y barrios prácticamente no se utiliza, por lo que el único espacio de contacto real son las escuelas.
Éste es el contexto. El nuevo curso comienza este lunes y, un año más, el catalán en las aulas sigue pendiente de los tribunales, una interferencia que no ayuda en nada al trabajo de los docentes, ya de por sí bastante complicada. El decreto y la ley que se salieron adelante para frenar la aplicación del 25% de castellano, aprobados durante el anterior gobierno con un pacto de amplio espectro en el Parlament que incluía al PSC, han sido cortocircuitados por la justicia. El decreto está suspendido cautelarmente desde julio por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el mismo tribunal que en diciembre del 2020 impuso la sentencia del 25% de castellano en las aulas. La suspensión se ha hecho a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la validez de la normativa superior que le ampara.
Es decir, estamos en un bucle judicial, de una justicia alejada de la realidad social y educativa: los expertos llevan tiempo alertando sobre la imposibilidad de fijar cuotas lingüísticas en el entorno metodológico cambiante. ¿Por qué hacer de las lenguas un problema? ¿Por qué dar cuerda a la falsa discriminación del español? ¿Por qué no aceptar que una gran mayoría política y social desea proteger la lengua histórica y minoritaria del país? Si no se cuida el catalán en Cataluña, ¿dónde se tendrá? Bien que se tiene especial cuidado del castellano en los territorios del Estado donde es idioma propio.
El gobierno de Salvador Illa, investido con el apoyo de ERC y de los comunes, ha creado una consejería de Política Lingüística y ha hecho suya la prioridad del catalán en la escuela. Hay que pedirle, pues, que trabaje para acabar con la confrontación lingüística que el españolismo más rancio busca por la vía judicial y para llegar a un consenso que permita recuperar el pulso social al catalán, especialmente a la educación.
