García-Castellón, un juez del PP contra la amnistía
En una democracia el poder legislativo realiza las leyes y el poder judicial las aplica. Sin embargo, esta regla tan sencilla no funciona en el caso español, donde los jueces han llegado a manifestarse en la calle contra un proyecto de ley que aún no se ha aprobado, algo que desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han recordado este jueves que no puede hacerse. Sin embargo, el que se lleva la palma es el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que como instructor de la causa de Tsunami Democrático hace manos y mangas para evitar que las personas investigadas en este caso, principalmente Marta Rovira y Carles Puigdemont, puedan verse beneficiadas por la amnistía. Todo empezó el 6 de noviembre, cuando para sorpresa de todos dictó un auto en el que incluía a Puigdemont entre los investigados aunque tanto la Guardia Civil como la Fiscalía no le otorgaban ningún rol especial en la estructura de Tsunami (al contrario que Marta Rovira). ¿Qué ocurría el 6 de noviembre? Pues que Puigdemont y el PSOE se encontraban en plenas negociaciones para la investidura, con la amnistía sobre la mesa.
Posteriormente, el juez ha ido maniobrando para hacer entrar la acusación de terrorismo a la causa para evitar que los responsables de Tsunami pudieran beneficiarse de la amnistía. Con este objetivo incluyó la muerte de un turista francés en el aeropuerto de El Prat durante las protestas a causa de un infarto como un posible homicidio, aunque ni los Mossos ni los servicios de emergencia veían relación alguna. Sus maniobras eran tan evidentes que incluso el PSOE se vino a afinar la redacción de la ley en lo que se refiere a la exclusión del delito de terrorismo para intentar blindar las causas de los CDR y de Tsunami. Sin embargo, García-Castellón insiste y en su último auto se refiere de este modo al caso de dos policías que resultaron heridos en la plaza Urquinaona: "No se puede minimizar esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida ya la integridad física, reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados”. Precisamente, el último cambio en el texto de la ley (que ya no puede volver a modificarse) exceptúa de la amnistía los casos de terrorismo que haga referencia a los artículos 2 y 3 de este convenio, donde se habla de muerte, torturas o tratos degradantes.
¿Pero quién es García-Castellón? Pues este juez siempre ha estado cercano al PP y las administraciones populares le han premiado con distintos destinos. A cambio, ha destacado por favorecer a acusados del PP en casos de corrupción (rebajó la fianza de Ignacio González, por ejemplo), e incluso ha archivado causas polémicas como la que afectaba al rey emérito Juan Carlos I. También ha sido involucrado en las cloacas del Estado como instructor de una causa sobre financiación ilegal contra Podemos que se basaba en un falso informe del comisario Villarejo. Si alguien representa a la perfección, pues, el lawfare en la justicia española es Manuel García-Castellón.
