Mientras la amnistía se abre paso con penas y trabajos por los distintos juzgados salvo para los líderes del Proceso, lo ocurrido con la causa de Tsunami Democrático que se investigaba en la Audiencia Nacional supera todos los límites del descrédito judicial. Todo el mundo sabía que las acusaciones por terrorismo no tenían ninguna base, pero que al final la causa haya caído por un error de forma (pedir la prórroga de la instrucción fuera de plazo) y no por efecto de la amnistía o por la corrección de una instancia superior hace pensar que, o bien Manuel García-Castellón es una persona incapacitada técnicamente para hacer de juez, o bien considera que ya ha cumplido la misión que tenía encomendada, que no era otra que torpedear el pacto de gobierno entre Pedro Sánchez y los independentistas. La consecuencia más directa del archivo es que posibilitará el regreso a Catalunya de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de seis años en el exilio suizo. Y también de una serie de activistas como el periodista Jesús Rodríguez o Josep Campmajó, que se vieron implicados a última hora en ese montaje judicial.
El Tribunal Supremo ha confirmado también el archivo de la causa contra el expresidente Carles Puigdemont y el diputado republicano Ruben Wagensberg, que también podrá regresar. En el caso de Puigdemont otro juez, el polémico Joaquín Aguirre, se ha negado a aplicar la amnistía por la trama rusa (otro montaje inverosímil) con el argumento de que existen presuntos delitos no amnistiables como la traición, la malversación y la organización criminal. En cualquier caso, el caso más grave sigue siendo el del Tribunal Supremo y la causa del Proceso, donde Manuel Marchena y sus compañeros de tribunal, con la excepción honrosa de la magistrada Ana Ferrer, se han sacado de la manga una definición creativa del delito de malversación según la cual los dirigentes independentistas obtuvieron un beneficio patrimonial del 1-O al no pagar los preparativos de su bolsillo. Éste es el caso que amenaza con bloquear la aplicación de la amnistía a los líderes del Proceso y, por tanto, impedir el regreso de Carles Puigdemont a Catalunya en situación de libertad.
Junto a esto hay que decir que hay tribunales y jueces que están aplicando la amnistía con normalidad, o al menos lo han derivado hacia Europa como el TSJC en el caso de Jové y Salvadó, lo que significa que actuación del Supremo se guía por criterios estrictamente políticos. Tanto Marchena como Pablo Llarena quieren impedir a todo precio el regreso de Puigdemont y, si pueden, conseguir su extradición por malversación para poder encarcelarlo, al menos un tiempo. Por eso es imprescindible que el Tribunal Constitucional sea diligente en la resolución de los recursos de amparo y corrija lo que es un caso flagrante de fraude de ley o incluso de prevaricación. Porque ya se sabía que la batalla judicial iba a ser dura, pero no que todo ello configuraría un espectáculo tan lamentable. Porque hoy es fácil apuntar hacia García-Castellón o el juez Aguirre, pero el verdadero problema está en la sala penal del Supremo.
