Una juez centralizará todas las investigaciones de las muertes por la DANA en la Comunidad Valenciana

BarcelonaUna juez de Catarroja centralizará todas las investigaciones por la gestión de la DANA que a finales de octubre dejó 224 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana, y por la que tres personas siguen desaparecidas. La titular del juzgado de primera instancia e instrucción 3 de Catarroja, la magistrada Nuria Ruiz, ya se encargaba de una causa en la que investiga 75 muertes en el entorno de su municipio, la instrucción más antigua sobre estos hechos que sigue abierta y también la que afecta a más víctimas. Ahora, la juez se ha ofrecido a hacerse cargo de las denuncias o querellas que se presenten en otros juzgados por unificar la investigación.

Precisamente porque esta instructora ya tenía avanzada una amplia investigación, la Fiscalía de Valencia se puso en contacto con ella y, en una reunión este jueves, ella les comunicó que está dispuesta a hacerse cargo de los casos que lleguen o que ya hayan llegado a otros juzgados de la Comunidad Valenciana. Para que esto ocurra, a partir de ahora los demás jueces que reciban denuncias o querellas relacionadas con víctimas mortales de la DANA —o bien los que ya las hayan recibido— podrán inhibirse en el juzgado de Catarroja para que esta magistrada acumule todos los casos en una sola instrucción. Fuentes judiciales apuntan al ARA que el escenario más probable es que todos lo hagan.

Por su parte, la Fiscalía ha constituido un equipo especial de fiscales que coordinarán las diligencias de investigación relacionadas con la gestión de la DANA en el País Valenciano. Se trata de un equipo de cinco fiscales especializados en medio ambiente, anticorrupción y derecho penal que se ha creado con el objetivo de "proporcionar una respuesta coordinada y trabajar en coordinación con el juzgado" que centralizará los casos, según un comunicado de la Fiscalía de Valencia.

Tal y como recuerdan fuentes judiciales, la causa que ya estaba abierta en el juzgado de Catarroja parte de una denuncia que no se dirige contra ningún responsable político en concreto. De hecho, en diciembre el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano (TSJCV) inadmitió tres querellas y cuatro denuncias contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, porque antes de investigar un aforado veía necesaria una instrucción a la justicia ordinaria. En caso de que la instructora de Catarroja encontrara indicios contra algún aforado a raíz de esta investigación, la causa quedaría fuera de sus competencias y debería elevar el caso al TSJCV para que siga indagando.

Este mismo viernes el sindicato CGT ha anunciado que ha presentado una querella ante la justicia ordinaria y que sí se dirige concretamente contra Mazón. El sindicato ya llevó el caso a los tribunales a través de una denuncia ante la Fiscalía que, a su vez, la remitió al TSJCV, donde acabó inadmitida.

¿Quién decidió enviar la alerta?

La titular del juzgado de primera instancia e instrucción 3 de Catarroja ya era hasta ahora la responsable de la mayor investigación sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana, y en diciembre ya había dado algunos pasos en la investigación. Por un lado, la juez ha reclamado al ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que le entregue documentación sobre los embalses de Forata, Loriguilla y Buseo y su caudal. La documentación que la instructora ha exigido al ministerio incluye también el organigrama directivo y técnico de la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ).

Además, la juez pidió información de "todas las actuaciones" llevadas a cabo por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana entre los días 29 y 30 de octubre. Es decir, el día de las inundaciones y al día siguiente. También reclamó a la conselleria de Interior y al servicio de Emergencias que le comuniquen quien decidió enviar la alerta a la población, que llegó a las 20:12 horas del pasado 29 de octubre, cuando muchas casas ya estaban inundadas. La juez también quiere concretar qué información tenían los responsables de la administración en ese momento y desde cuando la tenían, quién se la había dado y si habían tomado otras medidas preventivas.

La documentación que ha reclamado la juez ha trascendido al día siguiente de que el conseller de Emergencias e Interior del País Valenciano, Juan Carlos Valderrama, dijera por carta al ministerio para la Transición Ecológica que no existen actos formales ni grabaciones del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) que gestionó la emergencia el pasado 29 de octubre. La razón que esgrimió Valderrama es que no se trata de un órgano colegiado, "por lo que no se establece la elaboración de actos formales ni de grabaciones a todos los efectos, situación que se ha desarrollado siempre de 'esta manera'.