El ministerio del Interior y la gestión de los extutelados
BarcelonaLa gestión de la inmigración es extremadamente compleja y afecta a muchos ámbitos diferentes, pero hay situaciones que resultan kafkianas y que piden una solución urgente. Este es el caso de los jóvenes de origen extranjero extutelados por la Generalitat, que cuando llegan a la mayoría de edad entran en una especie de bucle burocrático del que resulta muy difícil salir. En este caso, para regularizar su situación tienen que presentar un contrato de un año a jornada completa o justificar unos ingresos propios de 580 euros mensuales en la primera petición, o de 2.000 en la renovación. No hay que ser un experto para entender que un exmena, que ha entrado de forma irregular en España, difícilmente tendrá estos ingresos o, peor todavía, podrá tener un contrato sin papeles.
Es un pez que se muerde la cola y que había el compromiso de resolver con una reforma del reglamento de extranjería. Según ha podido saber el ARA, el texto de la reforma está redactado y todo está listo, pero el ministerio del Interior ha decidido bloquear la modificación y ha impedido que el tema vaya a un consejo de ministros. Este bloqueo afecta a 4.000 jóvenes de 19 a 23 años solo en Catalunya, según los datos de la Generalitat.
Lo que no tiene sentido es haber invertido una serie de recursos en estos chicos y chicas a través de la DGAIA (algunos de ellos están estudiando grados de formación profesional, por ejemplo), para después condenarlos a la economía sumergida y a la clandestinidad porque no hay ningún mecanismo previsto para regularizar su situación de forma fácil y sencilla cuando cumplen los 18 años.
Este bloqueo está provocando tensiones dentro del gobierno español, muy polarizado alrededor de la figura de Fernando Grande-Marlaska, protagonista de varias polémicas. La última:un regreso de menores a Marruecos que la justicia ha parado ante la sospecha de que no se ajusta a la legislación vigente.
La Generalitat, por su parte, sigue presionando para que se apruebe la reforma y se dé así una salida a estos jóvenes, que, en algunos casos, están aquí desde hace bastantes años. Es incongruente que una parte de la administración dedique recursos y esfuerzos a políticas sociales y de atención a unas personas para que después, desde otra instancia, se pongan palos a las ruedas y se taponen todas las posibles vías de integración de estas personas. Es como el tejido de Penélope, que la mujer de Ulises cosía de día y descosía por la noche para no tener que aceptar a ninguno de sus pretendientes.
Un mínimo consenso social en valores humanitarios aconseja dar una oportunidad al menos a los jóvenes que no han cometido ningún delito, de forma que una vez llegan a la mayoría de edad puedan trabajar y tener los papeles en regla. Si no, estaremos creando un nuevo problema: el de una bolsa de simpapeles que no se marcharán por propia iniciativa y se verán obligados a vivir a los márgenes de nuestra sociedad para poder, simplemente, sobrevivir. ¿Es esto lo que queremos?
