¿De verdad no se puede hacer nada? Las incógnitas pendientes del caso Celsa

BarcelonaEl histórico cambio de manos de Celsa por una resolución judicial ha conmocionado esta semana al mundo de la empresa catalana. Una rama de la familia Rubiralta, que creó un imperio prácticamente de la nada, ha visto cómo los fondos conseguían que el juez eligiera su plan de viabilidad como el más idóneo para la compañía y se han quedado con el 100% de la empresa. El caso no tiene precedentes y aflora cinco cuestiones sobre un proceso que se ha culminado esta misma semana.

¿Por qué el juez es tan decisivo?

La resolución de Álvaro Lobato, titular del juzgado mercantil número 2 de Barcelona, es la primera que se realiza en aplicación de la transposición en España de los principios europeos de una ley para acelerar los procesos de reestructuración de deuda en empresas en problemas. El punto clave es que el juez fija el valor de la empresa por debajo de su deuda total y esto entrega la empresa a los acreedores. La decisión es drástica porque implica la pérdida del 100% de las acciones por parte de la familia que tenía la compañía, lo que ha generado controversia. Pero lo cierto es que es un ejemplo de lo que el mundo liberal llama the rule of law (imperio de la ley, textualmente, pero más habitualmente conocido como a estado de derecho) como pilar clave del sistema económico. Así, una decisión judicial pasa por delante de cualquier otra consideración de tipo político o social por el principio de la independencia del poder judicial y la separación de poderes. El propio juez recuerda en la sentencia que lo que está haciendo es cumplir la ley. El mundo empresarial a menudo clama contra la inseguridad jurídica que se produce cuando la política irrumpe en el mundo económico, y éste ha sido el caso contrario: la ley por encima de todo. Cabe decir que la decisión del juez se tomó en un juzgado de primera instancia y, por tanto, a pesar de ser un precedente, no tiene por qué marcar la línea de lo que decidan otros jueces.

¿Pueden los gobiernos hacer algo?

La pregunta ha recorrido esta semana los pasillos y despachos de la administración y la empresa. La primera impresión, y pese a la estrecha relación que el presidente de Celsa, Francesc Rubiralta, había cultivado durante años con los gobiernos catalán y español, es que no. "No se puede hacer absolutamente nada", explicaban fuentes de la administración catalana consultadas esta semana. Se trata de una decisión judicial adoptada en cumplimiento de la ley en caso de que no admitía recurso. Sí es cierto que algunas voces todavía mantienen que el Estado podría evitar el cambio de manos, pero el ejecutivo, por boca de Nadia Calviño, ha dicho que "respeta" la sentencia. En algunos entornos se apunta que "un decreto ley del gobierno podría tumbarlo". De hecho, y según ha podido saber el ARA, se especula con que un eventual freno a esta decisión pueda entrar en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, donde Junts y Esquerra son imprescindibles.

¿En qué se equivocaron los Rubiralta?

Diferentes fuentes empresariales de primer nivel consultadas esta semana apuntan a que el pecado original de los Rubiralta fue sobreendeudar tanto a la compañía, con un pasivo que ronda los 3.000 millones, superior a los 2.800 millones que, según el experto independiente, vale Celsa. Pero los casos de empresas muy endeudadas que no cambian de propiedad son frecuentes; aquí la clave radica en la nula voluntad de Francesc Rubiralta, heredero del imperio y presidente de la compañía, de llegar a un acuerdo con los fondos. En su día, los acreedores proponían una alternativa donde a cambio de un finiquito de 500 millones de deuda se quedaban con el 49% de la compañía, no con el 100%, pero Celsa se negó a aceptar esta opción. La agresiva negociación de Rubiralta llevó el caso al juzgado, que vio más claro el plan de los fondos.

¿En qué salen ganando Celsa y los trabajadores?

Si el juez ha preferido la opción de los fondos se debe a que ve más viable el plan que proponían. En esencia, la deuda de la compañía se reduce en 1.352 millones de euros y se amplían plazos del resto de la deuda. "Era una empresa en una situación muy comprometida y ahora será una empresa totalmente viable", apuntan fuentes financieras. Y tanto para el proyecto empresarial en sí como para los trabajadores, cuanto mejor sea la situación económica de la empresa, más garantías tendrán sobre su continuidad. Los trabajadores, que en su momento se habían posicionado junto al plan de los Rubiralta y contra el fondo, han mantenido esta semana un perfil bajo y se han limitado a recordar que entre los compromisos de los fondos se encuentra el mantenimiento de la sede social en Cataluña y el de los puestos de trabajo.

¿Qué negocio harán los fondos?

El negocio será imponente. La banca española, que tenía el crédito de dudoso retorno de Celsa, vendió durante años ese pasivo a fondos de capital riesgo que sí podía asumir esa incertidumbre. "La banca estaba muy presionada por Frankfurt", dice un financiero, en referencia al Banco Central Europeo. Así, los fondos lograron ese pasivo de 3.000 millones a un precio que ronda los 500 millones, y ahora tienen una empresa valorada en unos 2.800 millones. Sin embargo, los fondos van con pies de plomo: han recordado su compromiso con la continuidad del proyecto y han anunciado que el próximo presidente será Rafael Villaseca, un peso pesado de la empresa catalana, muy bien conectado con el PSOE y con La Caixa. El principal temor es que los fondos vendan partes de la compañía (Celsa tiene seis grandes unidades de negocio) para reducir la deuda, una de las prioridades que los nuevos propietarios se han marcado. Además, los fondos, por definición, compran barato y venden a un precio superior; habitualmente su permanencia en las empresas ronda entre los cinco y siete años. Por eso en muchos ámbitos se da por hecho que Catalunya, donde escasean las grandes empresas, verá cómo Celsa, la cuarta mayor del país por facturación, pasa a ser una compañía más pequeña.