De nuevo se frustra la esperanza de las víctimas del franquismo

La decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir un recurso de amparo de una víctima del franquismo, Francisco Ventura, que fue torturado por la policía durante el régimen ha vuelto a frustrar las esperanzas de los colectivos de memoria histórica, que esperaban que la aprobación de la nueva ley de memoria democrática permitiera investigar a aquellos crímenes y saltar el muro de la ley de amnistía de 1977. La resolución del TC, con mayoría progresista pero donde sólo dos magistrados se han desmarcado de la decisión, argumenta que la entrada en vigor de la nueva ley no supone ningún cambio respecto a la situación anterior. Y eso que el artículo 2.3 de la norma afirma que la ley de amnistía debe interpretarse de acuerdo con el derecho internacional y los derechos humanos, es decir, considerando que hay una suerte de delitos que no prescriben ni se pueden amnistiar, que son los de lesa humanidad, que incluye precisamente las torturas.

Hasta ahora, del más de un centenar de querellas que se han presentado en todo el Estado para investigar los crímenes del franquismo sólo una se ha admitido a trámite. El Constitucional cierra de nuevo con cerradura y cerrojo el pacto de la Transición que permitió que los crímenes de la dictadura quedaran impunes, y ni el paso del tiempo, ni la acción de jueces concretos, ni los cambios en la composición del TC han logrado abrir un resquicio para hacer justicia para que miles de personas que sufrieron torturas puedan ver cómo se aclaran estos hechos y se depuran responsabilidades. La propia ONU hace ya tiempo que tiene establecido que la amnesia no puede ser el fundamento de ningún régimen democrático y anima a los estados a reconocer y apoyar a las víctimas de regímenes totalitarios.

España, sin embargo, sigue encallada y hoy todavía no tiene un relato compartido sobre la dictadura (Catalunya, en este caso, es una excepción). Tanto es así que los tímidos pasos que se habían dado hasta ahora, por ejemplo para retirar la simbología franquista del espacio público e identificar a las víctimas de las fosas comunes, están en riesgo por las contrarreformas aprobadas en las comunidades autónomas con gobiernos del PP y Vox. Estas leyes van más allá, porque no sólo se busca asegurar la impunidad de los verdugos, sino que persigue la humillación explícita de las víctimas. En algunos casos, como en Burriana (Plana Baixa), se ha retirado una placa que recordaba a los republicanos que fueron torturados y ejecutados en un céntrico convento.

Este cubo de agua fría del TC da la razón a los expertos que alertaban de que el redactado de la ley era insuficiente y daba demasiado margen a la interpretación de los jueces, que además tienen un determinado sesgo ideológico y es un estamento que no fue depurado en el paso del franquismo a la democracia. El gobierno del PSOE y sus socios, después de haber creado falsas expectativas a las víctimas, tendrán que buscar la manera de resarcirlas, aunque sea aprobando otro texto. Debe quedar claro cuál es la voluntad del legislador, que debe responder a una pregunta muy sencilla: ¿es partidario de que se hagan excepciones a la ley de amnistía de 1977 para que se investiguen crímenes de lesa humanidad durante el franquismo? ¿Sí o no?