Por último, Alberto Núñez Feijóo ha decidido desmarcarse del ala dura de su propio partido y desbloquear con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo llega cinco años después; 2.000 días en los que el CGPJ ha tenido mayoría conservadora aunque el Congreso tenía otro color. Un secuestro inaceptable que al final ha terminado girando en contra del propio PP. Pedro Sánchez lanzó un ultimátum en el sentido de que si no había acuerdo antes de fin de mes sacaría adelante una reforma para desbloquear al CGPJ sin el concurso del PP. Esto y la presión de los propios jueces han hecho el resto.
En efecto, el bloqueo no sólo estaba repercutiendo en el funcionamiento de la justicia, sino en las mismas carreras profesionales de los magistrados. La jugada del PSOE para torcer el brazo del PP fue cambiar la ley para que un CGPJ con el mandato caducado no pudiera hacer nombramientos, y entonces esperar a que la situación se volviera insostenible. Y esto es justamente lo que ha pasado. En efecto, con el CGPJ paralizado existían decenas de nombramientos pendientes, plazas vacantes y ascensos bloqueados. Y sin ascensos ni nombramientos, muchos jueces han visto descabezada su carrera judicial y también, por no decirlo, sus retribuciones. El mismo lunes el Tribunal Supremo denunciaba que el alto tribunal no tenía presidente titular, ni vicepresidente, ni presidente titular de tres de las cinco salas ni 25 magistrados. Con el acuerdo es previsible que se desatasque este atasco y que haya una ola de nombramientos. Eso sí, estarán a propuesta de un nuevo CGPJ con mayoría progresista.
El acuerdo incluye la presentación de reformas legales para reforzar la independencia judicial, sobre todo en el régimen de incompatibilidades. Así, no podrán ser vocales del CGPJ juristas que en los últimos cinco años hayan sido ministros, secretarios de estado, consejeros de gobiernos autonómicos, alcaldes o diputados. Tampoco podrá ser fiscal general del Estado alguien que en los cinco años anteriores haya desempeñado un cargo como los anteriormente citados para evitar un nuevo caso Dolores Delgado. Además, los jueces que hubieran ocupado un cargo político no podrán reingresar en carrera hasta dos años después de haber cesado. El gran debate es, sin embargo, cómo elegir los futuros miembros del CGPJ. Aquí ambos partidos se dan seis meses para que el nuevo CGPJ haga una propuesta.
La gran incógnita ahora es cómo reaccionará el ala derecha del PP, básicamente Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar, que hasta ahora se habían opuesto a llegar a cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez. En realidad, el acuerdo es el principal acto de autoridad interna que ha realizado Feijóo desde que llegó a la presidencia del PP. Habrá que ver si es un acto aislado o el inicio de un giro hacia la moderación y el diálogo con el gobierno español, al que Ayuso niega toda legitimidad, pero sobre todo hacia el cumplimiento de la ley. El desenlace final supone una nueva victoria de Pedro Sánchez, que en este caso ha tenido la paciencia necesaria y ha contado con la colaboración de la Comisión Europea, que ha actuado como mediadora para encontrar una solución.
