El Radar
Misc 16/05/2022

El Estado pretende forzar a los ciudadanos a cambiar de trabajo sin indemnización

La patronal Cecot alerta de la inseguridad jurídica que crea la nueva ley de seguridad nacional

4 min
Voluntaris retirando petróleo de las playas gallegas después del hundimiento del 'Prestige', en 2002.

BarcelonaHace semanas que Esquerra Republicana y el Partido Socialista acaparan portadas por el escándalo del espionaje con el sistema Pegasus, hasta el punto que en algún momento ha parecido –solo parecido– que la estabilidad parlamentaria del gobierno español corría peligro. Mientras tanto, sin embargo, hay otra cuestión importante que está pasando inadvertida y que, sorprendentemente, no está provocando chispazos significativos entre estos partidos. Se trata de la ley de seguridad nacional.

El PSOE quiere modificar esta normativa para introducir, por ejemplo, la obligación para cualquier persona mayor de edad de pasar a trabajar para el Estado en caso de que el gobierno se lo mande. Y todavía más chocante: “Sin derecho a indemnización”, como dice el artículo 28.2 de la nueva ley, que ahora se está tramitando y que, de momento, los socialistas han evitado que fuera tumbada gracias al apoyo del PP, Vox, Ciudadanos y Podemos .

El nuevo redactado también permitirá “la requisa temporal de todo tipo de bienes”, tanto de personas como de empresas, a pesar de que, eso sí, con una indemnización que se fijará “de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”. Hasta ahora, la ley solo decía que “el sector privado participará en la contribución de recursos a la seguridad nacional” , pero dejaba la concreción para un reglamento que se tendría que aprobar más adelante. 

Para poder movilizar a los ciudadanos o sus recursos, el gobierno ni siquiera tendrá que pedir el permiso de las Cortes. Simplemente con la aprobación de un decreto, el gobierno podrá declarar una situación de interés para la seguridad nacional, de forma que no se tendrá que someter a ningún control parlamentario, como sí que pasa por ejemplo cuando se declara el estado de alarma (se puede hacer por decreto pero en los 15 días siguientes la medida tiene que recibir el apoyo mayoritario del Parlamento español).

Concepto indefinido

Por otro lado, la definición de una situación de seguridad nacional es un concepto amplio, un cajón de sastre que no queda del todo definido en el redactado de la ley. En el texto se dice que son aquellos ámbitos “que requieren una atención específica para resultar básicos para preservar los derechos y las libertades, así como el bienestar [...] y garantizar el suministro de los servicios esenciales”.

¿Cuál es una situación de interés para la seguridad nacional? Una pandemia, una guerra... ¿o una concentración ante una consejería de Economía, quizás? Esta indefinición ha puesto en alerta a patronales como la vallesana Cecot, que cree que esta "ambigüedad" y “falta de concreción” genera “inseguridad jurídica”, según explica su secretario general, Oriol Alba.

El hecho de que se pueda movilizar a cualquier ciudadano para realizar “las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes” sin ningún tipo de compensación económica no solo ha alertado a Cecot. El Consejo de Estado también ha criticado esta decisión en un dictamen reciente. En este documento, el organismo consultivo del gobierno español argumenta que “la exclusión del derecho a indemnización en las prestaciones obligatorias personales, siempre y en todo caso, no parece justificado”. 

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende que “se trata de una modificación puntual y específica” de la ley, según dijo el pasado jueves, durante el primer debate que hubo en el Congreso sobre esta norma. Fue el jueves cuando ERC y JxCat no consiguieron tumbar el proyecto al ver que sus enmiendas a la totalidad eran rechazadas por una mayoría del Congreso.

Bolaños añadió que “lo único que se pretende es garantizar que los recursos estratégicos a disposición del Estado sean los adecuados para hacer frente a una crisis [...] y agilizar la toma de decisiones”. Una de las críticas de los partidos catalanes y vascos a estos cambios legislativos es que no está garantizado el papel de las comunidades autónomas. La ley prevé la participación de las autonomías “si se considera necesario” en una “célula de coordinación” con los responsables de la seguridad nacional.

Recentralización

El miedo de algunos partidos es que se use esta herramienta para recentralizar competencias sin ni siquiera invocar el artículo 155 de la Constitución, por ejemplo. Este punto también hace recelar a la patronal Cecot, que lamenta que no se prevea la “participación activa de los gobiernos autonómicos en la toma de decisiones” y que los recursos autonómicos puedan pasar a seguir las directrices del Consejo de Seguridad Nacional. “Esto podría provocar que el cuerpo de Mossos d'Esquadra quedara sometido a la dirección del gobierno central, lo cual provocaría una invasión de las competencias de la Generalitat”, sostiene Oriol Alba.

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