Una rebelión… surrealista
El exsecretario de Seguridad Nieto no aporta 'material' sobre la violencia
MadridJosé Antonio Nieto Ballesteros (Guadalcázar, Córdoba, 1970) no es un testigo cualquiera. No solo por el hecho de que ha sido secretario de Estado de Seguridad, el número dos del ministro Juan Antonio Zoido, sino porque ha estado en Barcelona en días claves de la presunta rebelión instruida por el magistrado Pablo Llarena y la Fiscalía del Tribunal Supremo. Por ejemplo, el 28 de septiembre de 2017, cuatro días antes del referéndum, con ocasión de la reunión por primera vez en ocho años de la Junta de Seguridad de Cataluña, y el mismo 1 de octubre, por ejemplo. Ha seguido, además, con anterioridad los hechos del 20 de septiembre en la consejería de Economía.
¿Qué mejor testigo de cargo de la rebelión para el Ministerio Fiscal? Y el fiscal Javier Zaragoza le ha dispensado trato de testigo importante para la acusación. Eso sí: ha olvidado preguntarle por las armas de guerra que pretendía comprar el entonces consejero de Interior Jordi Jané para los Mossos d’Esquadra y que la fiscal Consuelo Madrigal introdujo en el plenario durante el interrogatorio del exministro Zoido. Pero nadie es perfecto y el abogado Javier Ortega Smith, de la acusación de Vox, ha cubierto el flanco, quizá en exceso, al invocar hasta el calibre de las armas de guerra que no se adquirieron…calibre que el testigo declaró desconocer.
El testigo habló de hechos violentos, altercados, el 20 de septiembre de 2017, y dijo haberse enterado por los medios de comunicación de que en los coches de la Guardia Civil había armas largas. Que esa información no se la debían aportar a él en calidad de secretario de Estado de Seguridad sino al juez que había ordenado la entrada y registro en la consejería de Economía, Rambla de Cataluña 19-21.
Pero aparte de pronunciar la palabra violencia varias veces, ¿aportó alguna pieza de información nueva al tribunal para su análisis jurídico de la rebelión o sedición?
Pues pieza de información o hechos nuevos el exsecretario de Estado no ha revelado. En cambio, ha corregido a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien desde el mismo sillón del Supremo declaró el pasado miércoles 27 “que 93/95 policías y guardias civiles tuvieron que ser atendidos por heridas”. Según Nieto: “No hubo el 1-O ningún policía hospitalizado o atendido por ambulancia medicalizada”
El interés del enfoque desenvuelto con el que Nieto ha abordado, por ejemplo, la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, convocada el 28 de septiembre de 2017, merece cierta consideración.
Según revela Nieto, el ministerio del Interior no tenía muchas ganas de celebrar la reunión en el ambiente que reinaba aquellos días. Era “surrealista”, explicó, reunirse con los convocantes del referéndum para ver cómo se impedía su celebración, a fin de cumplir la orden de la juez Mercedes Armas. Ellos querían realizar el referéndum y nosotros -vino a decir- intentábamos impedirlo. “Era”, insistió, “surrealista”, pero pareció que había que reunirse y celebrar la Junta. Incluso, explicó, él y los representantes de Interior intentaron persuadir a Carles Puigdemont de que se desconvocara el referéndum y que se convirtiese en una jornada de manifestación de Cataluña por las reivindicaciones del independentismo, pero sin intentar la votación, para no desoír la orden judicial y la suspensión del Tribunal Constitucional. Vamos una especie de Diada el 1-O.
Pero, dijo, ya se vio en la reunión que ni se desconvocaría el referéndum ni que el mayor Josep Lluís Trapero cumpliría el mandato judicial. Y a preguntas sobre si había otros mandos discrepantes con Trapero señaló que no le constaba, pero que había circulado que otros comisarios de los Mossos habían expresado sus discrepancias en el Palau de la Generalitat ante Puigdemont.
Según Nieto el acta de cinco folios de la reunión del 28 de septiembre -que adelantamos en ARA el pasado jueves día 28 de febrero- no refleja todo lo que se dijo en aquella reunión. Con todo, vale la pena repasarla.
El acta da cuenta de las discrepancias. Puigdemont afirma que “la policía autonómica ha recibido determinados mandatos judiciales y que se prevé la participación de gran cantidad de gente en las calles y hace falta encontrar una respuesta proporcionada”.
El secretario de Estado de Seguridad, Nieto, “excusa la asistencia del ministro Zoido y manifiesta su discrepancia con la forma y fondo” de convocatoria de la Junta. Señala que el caso está judicializado siendo el referéndum ilegal y la Junta “debe cumplir el mandato judicial” y señala que “no quiere suplantar la competencia de los Mossos. También advierte que la “coordinación en este caso” no es de la Junta de Seguridad sino que consiste en cumplir la orden judicial. “Si el cuerpo de los Mossos necesita ayuda, el Estado se la prestará”.
El coronel Pérez de los Cobos, coordinador de la operación policial nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) señala que “no se puede confundir lo sustantivo con lo adjetivo” y que se trata de que “los tres cuerpos policiales deben cumplir los autos…y se impida la votación”. El coronel advierte que “ante el posible incumplimiento” por parte de los Mossos actuarán las “restantes fuerzas y cuerpos de seguridad”.
Puigdemont señala que “no se puede renunciar a la democracia ciudadana, que es un derecho fundamental, y que el Presidente es el garante del mismo, indicando que el cumplimiento del mandato judicial no puede sobreponerse a los derechos de los ciudadanos”.
El mayor Trapero señala que los cuerpos policiales “tienen como misión cumplir la ley y las órdenes de las autoridades judiciales conforme a los principios de actuación legalmente establecidos. Insiste en que la previsión para el día 1 de octubre es que salgan a la calle millones de personas, por lo que considera que la forma como la policía debe llevar a cabo esta orden judicial es preservando la convivencia, como indica el auto judicial y actuando con proporcionalidad y congruencia haciendo uso de la fuerza cuando haya que repeler agresiones a la policía o a terceras personas y evitando causar un daño mayor al que se pretende evitar”.
El coronel Pérez de los Cobos “coincide con todo lo que ha dicho el mayor respecto a que la actuación…debe guiarse por los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad. Pero quiere resaltar que ante la claridad de la orden recibida de la juez para impedir la celebración del acto ilegal convocado para el próximo día 1 lo que no es de recibo, de antemano, es utilizar como excusa la posible alteración de la convivencia que podría derivarse del hipotético uso de la fuerza en caso de resultar necesario para -con ese pretexto- incumplir las órdenes judiciales recibidas y facilitar el desarrollo de una actividad ilegal mediante la inacción policial”.
El consejero de Interior, Joaquín Forn, “manifiesta que si el Mayor es el máximo responsable de la policía autónoma y los criterios que él ha expuesto se aceptan como correctos, el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrían que actuar únicamente a requerimiento de los Mossos”.
Pero Pérez de los Cobos señala que la “acción subsidiaria podría interpretarse en las distintas instrucciones de la Fiscalía, pero el auto del TSJC se dirige a todas las Fuerzas por igual, por lo que todos los Cuerpos están obligados a cumplir con el auto dictado por el TSJC sin necesidad de requerimiento previo”.
Añade el coronel una propuesta: “Hay una vía mucho más sencilla para evitar posibles altercados de orden público, hipotético empleo de la fuerza y alteración de la convivencia ciudadana, que sea el propio Presidente el que cumpla con el mandato judicial y las resoluciones del Tribunal Constitucional y haga un llamamiento a que no abran los colegios el día 1”.
El delegado del Gobierno, Enric Millo, “efectúa una petición al Presidente de la Generalitat: que se desconvoque el referéndum”. Puigdemont señala que “durante estos días se han han difundido múltiples noticias, muchas de ellas tendentes a crear confusión y no siempre ciertas”. Firman el acta el coronel Pérez de los Cobos y la secretaria Marta Gordi Aguilar.
Un reunión de estas características nos está indicando el alcance de la rebelión que vende la Fiscalía….una rebelión, parafraseando a Nieto, surrealista.
