El regreso de sedes empresariales, una amnistía imposible

BarcelonaDesde hace seis años, las ruedas de prensa de resultados trimestrales de los bancos catalanes con sede en tierras valencianas cuentan con un nuevo elemento en su liturgia. En algún momento, algún periodista de los medios catalanes levanta la mano y formula una versión de esta pregunta: "¿Se plantean la decisión de devolver la sede social a Catalunya?" La pregunta suele ir acompañada de sonrisas de los asistentes en un acto donde todo el mundo sabe la respuesta. Quienes ha tenido que responderla han sido los sucesivos presidentes y consejeros delegados de CaixaBank y del Banco Sabadell: Jordi Gual, José Ignacio Goirigolzarri, Gonzalo Gortázar, Josep Oliu, Jaume Guardiola y César González-Bueno. Todos ellos, con palabras medidas, han dado cíclicamente diversas formas a una negativa que nunca ha dejado de ser rotunda.

Y esto ha sido así pese a la evidente desescalada de la tensión política que llegó al punto culminante en octubre del 2017, con la violenta intervención policial durante el 1-O, y en el 2019, con los altercados posteriores al anuncio de una sentencia que condenaba a un siglo de prisión a los responsables políticos de aquella votación. Tanto ha cambiado el clima político, que por ahora Pedro Sánchez está en manos de Junts para poder presidir el gobierno español y la amnistía empieza a verse como una posibilidad. Pero esto no ha cambiado ni un milímetro el análisis de las grandes empresas y bancos catalanes que trasladaron su sede social en medio de fuertes presiones del PP y de la Casa del Rey, con retiradas millonarias de dinero incluidas. Aquello propició un alud de cambios de sedes sociales a partir de octubre del 2017 y dio alas al discurso decadentista de la ruina catalana que espolean a los opositores políticos al Procés. Lo cierto es que ni una sola gran empresa ha rectificado todavía el cambio de sede social.

Las que sufrieron una presión más fuerte y fueron las primeras en marcharse fueron las dos grandes entidades financieras, CaixaBank y el Banc Sabadell. El banco presidido por Oliu anunciaba el adiós el jueves, 5 de octubre del 2017, y se adelantaba un día en CaixaBank. Cuando se les pregunta hoy sobre si tienen planes para volver, la respuesta es la de siempre: "No hay nada, todo el mundo se siente cómodo y no hay plan", dice una portavoz de la entidad con sede en Alicante. "Y no creo que nadie se plantee nada", añade. Desde más en el sur de la Diagonal, en CaixaBank las cosas tampoco han cambiado: “El consejo de administración acordó por unanimidad el traslado del domicilio social, sin imponer ninguna condición. Hay que recordar que las sedes sociales no tienen plazo de vigencia”, dice una portavoz de la entidad que tiene su sede social en Valencia y, desde la compra de Bankia, el grueso de personal de los servicios centrales en Madrid.

¿Qué dicen la Fundación La Caixa y su holding inversor, Criteria, principales propietarios del banco catalán y agentes más influyentes de la empresa catalana? “Es un tema que no tenemos sobre la mesa. Continuamos operando con normalidad”, dice un portavoz de la fundación y del holding, ambos con sede en Palma, en Baleares. Una fuente del ámbito financiero insiste en la idea: "Esto no se plantea, no se habla, no se toca".

En 2018, el ARA hizo un relato detallado de cómo se produjo aquella salida de sedes sociales y concluyó que 20 de las 100 primeras empresas catalanas llevaron a cabo el cambio de sede. Seis años más tarde, ni una sola ha hecho el camino inverso. Si el argumentario de los dos grandes bancos catalanes no se ha movido un milímetro, tampoco el del resto de empresas que hace seis años decidieron llevarse la sede social de Catalunya.

En la aseguradora cotizada Occidente, bajo control de la familia Serra, la respuesta es lacónica: "Actualmente no nos planteamos ningún cambio de sede social". En la misma línea está la agencia de viajes online eDreams Odigeo y la cementera Cementos Molins: el regreso de la sede social, no se la plantean ahora. En el primer caso dicen que "no hay planes para realizar ningún cambio de sede social de las sociedades españolas del grupo" y recuerdan que, aunque la oficina de Madrid acoge estas sedes, así como de la empresa matriz del grupo, Barcelona sigue siendo la sede central operativa y la de mayor crecimiento. En el caso de Planeta, el presidente del grupo, José Creuheras, dijo ayer en la presentación del Premio Planeta que el regreso de la sede social a Catalunya "no está sobre la mesa".

Otros gigantes como Naturgy, Abertis, Applus+, Nexus Energia y Cellnex prefieren no pronunciarse. Es la posición oficial, pero fuentes cercanas a algunas de ellas aseguran, de nuevo, que no es un tema que esté sobre la mesa. Sobre esta decisión pesa una posible mala reacción de mercados y clientes. Algunas de estas empresas, aunque a día de hoy sea un tema que no se plantean, afirman que nunca han descartado la posibilidad de volver y lo verían con buenos ojos si se dieran las "condiciones necesarias". Empresas como Zurich España, Allianz España, Grupo Hotusa, Tech Data España, Torraspapel, Grupo Indukern, Ingram Micro, ISS Iberia y Cespa también forman parte de la lista de las 20 empresas que cambiaron de sede, pero no han atendido a las demandas de este diario.

Sólo se puede enumerar un retorno de sede entre las grandes empresas, aunque no entre en el top 100, y lo llevó a cabo la matriz de Agbar, que devolvió su domicilio social a Barcelona en septiembre de 2018 cuando apreció “estabilidad económica” en Catalunya. Cabe decir que su modelo de negocio, basado en concesiones de las administraciones públicas, era un fuerte aliciente por volver.

Una negativa tan categórica y rotunda hace pensar que la causa del retorno de sus sociales no ha contado con aliados destacados. Pero lo cierto es que una persona se ha comprometido: Josep Sánchez Llibre, el influyente e hiperactivo presidente de la patronal Foment, históricamente bien relacionada con el grupo La Caixa, recuerda a menudo su compromiso con el retorno de los domicilios sociales de las grandes empresas. En junio de 2021 afirmaba que el nuevo clima político ya permitía su regreso. "Es muy difícil, pero, si no lo conseguimos, habremos fracasado como país", decía entonces. Cuando anunció su candidatura para repetir al frente de Foment, reiteró su discurso. ¿Por qué mantiene abierta una batalla que, en el fondo, incomoda a La Caixa ya las grandes empresas?

“Es un objetivo que tiene en la vida, en el que cree de verdad, lo que hace es desinflamar y por eso no ha dicho nada de la amnistía”, dicen desde su entorno. "Hay que recordar que, en octubre del 2017, Foment tenía un presidente que salía a la calle a manifestarse con una bandera española", añaden estas voces, en referencia a Joaquim Gay de Montellà, que curiosamente hoy es el representante de turno de Foment en el patronato de la Fundación La Caixa. Otras voces ven un punto de estrategia política: “Es un mensaje al independentismo: 'Hacer bondad y volveremos'”.

El Govern, a su vez, pasó de la indignación inicial a cierta indiferencia. Tanto la consellera de Economía, Natàlia Mas, como el de Empresa, Roger Torrent, han reiterado que el ejecutivo no quiere ofrecer ningún tipo de bonificación fiscal o incentivo para ayudar a las empresas a dar el paso. Fuentes del ejecutivo son claras: "Evidentemente, al Gobierno le gustaría [que las grandes empresas volvieran a Catalunya], pero no es una gran preocupación", explican. "Económicamente estamos bien y el impacto que ha tenido el cambio de domicilios ha sido neutro", añaden.

En efecto, el relato apocalíptico respecto al impacto que se produciría en un momento en el que unas 4.000 empresas se marcharon de Catalunya no ha tenido nada que ver con la realidad. Catalunya ha mantenido un buen nivel en cuanto a exportaciones, captación de inversión extranjera y reducción del paro, datos en los que sigue mejor que en el conjunto del Estado. Y con el paso del tiempo ha ganado peso la idea inicial de que, en el fondo, lo que hacían las empresas era cambiar una dirección postal, con un ínfimo impacto en los negocios.

Lo cierto es que cuesta pensar en grandes efectos económicos cuando muchos de los cambios de sedes fueron puramente cosméticos. Aunque la ley de sociedades es muy clara y en el artículo 9 establece que el domicilio social sólo se puede tener donde la empresa tenga “su administración o dirección efectiva” o bien donde esté “su principal establecimiento o explotación”, la verdad es que esto prácticamente no se da, ni siquiera en las grandes empresas, como demostró el ARA en el 2019 en un reportaje. Pero el tema no ha merecido el seguimiento jurídico de ningún organismo.

De hecho, Ciment Molins ha tenido que defender a los tribunales el cambio de sede. Parte de los accionistas litigaron contra la decisión de sus propios familiares de llevarse la sede fuera de Catalunya, en un movimiento que consideraban ficticio. Sin embargo, el juez le avaló con el argumento de que basta con que se celebren los consejos de administración en el lugar donde se encuentra la sede. El caso de Molins es ciertamente grueso: la empresa, con 6.000 trabajadores en todo el mundo y sede operativa en Sant Vicenç dels Horts, tenía exactamente cuatro empleados en la oficina de Madrid donde llevó la sede social.

La huida masiva de sedes sociales sí sirvió para dirigir políticamente un mensaje contra la economía. Pero el tiempo y los datos muestran que, superado el trauma del 2017 y parte del 2018, lo que ocurre con la salida de empresas de Catalunya lo vive también Madrid (ver gráfico) y los saldos netos de facturación de las empresas que llevan la sede social menos lo que se pierde de las que marchan favorece netamente a Catalunya respecto a la capital estatal.

En los últimos días se ha hablado de una última pieza de este rompecabezas. En 2017 se escribió mucho sobre lo denominado decreto Guindos, que facilitó que las empresas, con CaixaBank a la cabeza, pudieran trasladar la sede de Catalunya de urgencia sin pasar por el trance de la junta de accionistas. Recientemente se ha especulado sobre si las negociaciones para la investidura de Sánchez podían acarrear una exigencia catalana: la revocación del decreto. Pero fuentes de Junts contactadas por este diario explican justamente lo contrario: que no quieren cambiar el decreto que, al igual que propició una estampida, podría facilitar los retornos.

La conclusión de todo ello es dura: el retorno de empresas queda por ahora en la esfera del mito. En octubre de 2017 el clima político contra Catalunya estaba marcado por el ingenioso grito de ¡A por ellos! y las empresas le siguieron. Seis años después, la palabra del momento es amnistía. Pero las empresas, conscientes de lo que podría suponer un retorno en términos de imagen y posibles boicots, no parecen haberla oído.