Primer reto catalán para el ministro Jordi Hereu
La lentitud e ineficiencia burocrática es uno de los lastres que arrastra la administración del Estado, un lastre que se ha notado mucho a la hora de repartir los numerosos fondos europeos Next Generation, en especial en cuanto a la ayuda a las industrias. ¿Cómo puede que todavía estemos así? ¿Cómo puede que ni siquiera seamos capaces de aprovechar las oportunidades obvias? Lo cierto es que la inyección europea de apoyo a sectores económicos estratégicos para salir de la pandemia ha sido un reto de gestión que en España no se ha saldado precisamente con buena nota. Es una denuncia que llevan tiempo haciendo los empresarios y que ha abanderado el gobierno de la Generalitat, que ahora hace un nuevo intento de activar una solución política y administrativa. El objetivo es evidente: no dejar perder ni un euro. Porque la realidad es que, si los fondos asignados por países no encuentran destinatario justificado, acaban perdiéndose, es decir, no se mueven de Bruselas. Y resulta obvio que la situación de nuestro sector productivo, tras superar la pandemia y con el reto de la transformación verde y tecnológica delante, no está por dejar escapar ni el más mínimo apoyo.
Atención: estamos hablando de miles de millones. En lugar de una especie de fatalismo, como si no fuera posible aspirar a disponer del 100% de las ayudas asignadas, debería haber competencia para recibirlas. Cataluña, como potencia industrial dentro del Estado, tiene un interés primordial en poner la máxima atención en la recepción de estos fondos. ¿Cuál es, entonces, la propuesta? El departamento de Economía y Hacienda ha planteado crear un PERTE territorial para hacer llegar a las empresas industriales catalanas 1.820 millones procedentes de las convocatorias que han quedado desiertas y del nuevo tramo de estos fondos que llegará al Estado, conocido comoadenda del Plan de Recuperación. En concreto, se trata de poner el 65% de los recursos que hasta ahora no han encontrado destinatario a disposición de las comunidades autónomas, es decir, 8.100 millones de euros. De éstos, de acuerdo con el peso industrial catalán dentro del Estado, que es del 22,5%, a Catalunya le corresponderían los citados 1.820 millones.
Seguro que la voluntad de activar al máximo todos los resortes para activar los Next Generation es compartida por todos. Pero esto no significa que la propuesta del gobierno de la Generalitat llegue a buen puerto. El Estado ha sido celoso con la gestión directa de estos fondos europeos. Con el resultado de que, en el caso de los destinados a la industria a través de varias convocatorias del Mecanismo de Resolución y Resiliencia (MRR), un 72% han quedado desiertos. Un desastre: 2.539 millones de euros sin asignar un total de 3.504. Un porcentaje, por cierto, muy superior al perdido en el global de los fondos, que asciende al 31%. ¿Por qué se está dejando perder tanto dinero? Pues porque desde Madrid no se conocen las especificidades territoriales industriales, por lo que las convocatorias se han diseñado mal. Cambiar esta dinámica es lo que persigue la administración catalana. Sin embargo, será necesario que desde Madrid haya confianza, colaboración y generosidad política. ¿Es mucho pedir? Un reto para el nuevo ministro Jordi Hereu.
