15/07/2021

¿El TC defiende derechos fundamentales o hace política?

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La ministra de Justicia , Pilar Llop, durante una comparecencia desde la Moncloa.

El gobierno español de Pedro Sánchez se enfrentó a una situación inédita en marzo de 2020 con la pandemia del coronavirus y, como la mayoría de los países de nuestro entorno, tuvo que tomar una decisión drástica: ordenar el confinamiento de la población para evitar la propagación del virus. En ese momento, el equipo jurídico de la Moncloa optó por el estado de alarma como paraguas jurídico para restringir derechos fundamentales porque tenía varias ventajas. En primer lugar, la rapidez, puesto que se podía aprobar directamente con un decreto y buscar la convalidación en el Congreso a posteriori, cosa que se hizo consiguiendo la práctica unanimidad de los grupos. Incluso Vox, que después llevaría al TC el estado de alarma, votó a favor la primera vez.

Y en segundo lugar, se consideraba que el estado de alarma restringía menos derechos que, por ejemplo, el estado de excepción, que está pensado para situaciones como un golpe de estado militar o una invasión extranjera, y que da amplios poderes al Estado para alargar las detenciones, violar el derecho a la comunicación o incluso cerrar medios de comunicación. Es cierto que desde un primer momento hubo debate entre los juristas sobre si el estado de alarma amparaba el confinamiento total, pero en ese momento fue una decisión acertada. Que más de un año después el TC diga que ese primer estado de alarma fue inconstitucional, y lo haga dividido prácticamente por la mitad, demuestra la complejidad de la cuestión.

Ahora bien, tampoco podemos ignorar que el recurso proviene de Vox y que ha sido el sector conservador del TC el que ha impulsado esta sentencia, y que incluso dos de sus miembros se han alineado esta vez con los progresistas. Es la primera vez que el gobierno Sánchez recibe un batacazo judicial de este calibre y, en una situación inédita en democracia, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha verbalizado el desacuerdo del ejecutivo con la decisión. Llop incluso ha hecho un Cuixart afirmando que, si se encontraran en una situación similar, volverían a hacer lo mismo.

A raíz de la sentencia, Sánchez tiene que aprender una lección y también tiene que tomar una decisión. La decisión es que hay que impulsar una reforma legislativa para evitar que la justicia pueda volver a torpedinar medidas que son absolutamente necesarias para parar una pandemia como la que hemos vivido. Se puede hacer a través de una ley de pandemias ad hoc con una reforma de la ley que regula los estados de alarma, de excepción o de asedio, pero hay que construir un paraguas legal más sólido y claro para todos los actores implicados.

Y la lección que tiene que aprender es de carácter político. Sánchez ya ha probado la amarga medicina de los independentistas catalanes, que es ver cómo el TC se le gira en contra. La derecha judicial le tiene muchas ganas al gobierno Sánchez y no le importa hacer saltar por los aires la norma no escrita del TC de intentar llegar siempre a un consenso. El presidente español tiene que asumir que la justicia seguirá por este camino, porque ahí donde no llegan el PP y Vox llega su brazo judicial, y por lo tanto también le hace falta una estrategia para neutralizarlo.

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