Cataluña recaudó 525 millones de euros en impuestos ambientales durante 2022, un tercio del total que recaudaron todas las comunidades. Es una cifra desproporcionada: Cataluña representa el 19% del PIB estatal, no un 33%. La Comunidad de Madrid, por su parte, que también representa otro 19% del PIB, no recaudó ni un solo euro en impuestos ambientales durante el mismo 2022. Y eso que, de media, los impuestos verdes son un 59,9 % de los que crean las comunidades.
El informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral, que hace cada año el Registro de Economistas Asesores Fiscales, deja claro que los territorios más infrafinanciados son los que crean más impuestos propios, y también los que recaudan más dinero con impuestos ambientales. Como explicábamos en el dossier que publicamos ayer, el modelo de financiación es un reto pendiente paralizado desde hace una década y, tal y como se desprende del estudio, algunas comunidades como Cataluña han intentado atenuar la falta de recursos con impuestos como los ambientales. Sin embargo, los impuestos propios sólo aportan, de media, el 2,2% de los ingresos tributarios de las comunidades.
Esta diferencia entre Cataluña y Madrid es, pues, un síntoma más del mal funcionamiento del sistema de financiación actual. Pero no sólo indica que los recursos están mal repartidos hasta el punto de que algunas comunidades pueden permitirse el lujo de renunciar a una parte de ingresos potenciales, sino que también señala la carencia de compromiso de Madrid en la protección del medio ambiente. Los ciudadanos, las industrias y el transporte contaminan igual en todas partes, pero a algunos lugares les sale más barato que a otros.
En Catalunya se han creado hasta 19 impuestos propios diferentes, de los cuales 11 están vigentes –los otros se han suprimido o eliminado por el Tribunal Constitucional–. De estos, 5 se pueden considerar verdes: el canon del agua, el impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno de la aviación comercial, el impuesto sobre la emisión industrial de gases y partículas en la atmósfera, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, y el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio. Madrid ha renunciado a los impuestos propios, pero el propio informe añade que no ha renunciado a las tasas que gravan el juego, ni a las del agua.
Tal y como explicábamos en el dossier de ayer, el modelo de financiación autonómica será un debate clave para los próximos meses, o debería serlo. Pero más allá de que por aritmética política es previsible que no quede más remedio que abordarlo, habría que hacerlo para resolver situaciones como la de los impuestos ambientales. Y también es necesario que, si el Estado se toma en serio los retos ambientales, tome medidas respecto a los territorios que no lo hacen. La contaminación no tiene fronteras y nos afecta a todos por igual. La crisis climática es una realidad innegable y los objetivos de desarrollo sostenible marcan un camino que en teoría España se ha comprometido a seguir.
