La tragedia de las residencias durante el covid

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Concentración de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1 en las puertas del Parlament, el día en que se votan las conclusiones del grupo de trabajo.

El Parlament ha aprobado unas conclusiones sobre la gestión que se hizo de las residencias de ancianos durante la pandemia en la que se evita señalar culpables directos y se avala la tesis de que se hizo lo que se pudo porque nadie en el mundo estaba preparado para lo que ocurrió. El texto, aprobado con los votos de ERC, Junts y el PSC, constata obviedades como que "la atención sanitaria en las residencias no estaba preparada para el impacto de la pandemia", que "el sector residencial no se tiene en consideración y está poco profesionalizado y mal retribuido" y que "los servicios de inspección son deficientes". Todo ello provocó que durante la primera ola de la pandemia el 72% de los residentes afectados murieran en la misma residencia, es decir, sin llegar a ser hospitalizados. En este sentido, la comisión de trabajo constata que debe cambiarse el modelo residencial y propone que en el plazo de seis meses se cree una mesa para abordarlo. Como es comprensible, los familiares de las personas que murieron en esas penosas condiciones, a menudo después de días aisladas y sin contacto con ningún conocido, están decepcionados y consideran que ha habido un pacto político para minimizar esa tragedia. No es casualidad que los tres partidos que han tenido las principales responsabilidades de gestión desde la restauración de la democracia firmen las conclusiones mientras otros, como En Comú Podem o la CUP, se hayan negado al considerarlas insuficientes y descafeinadas.

Entendiendo que la situación crítica que se vivió en aquellos momentos hacía quizás difícil calibrar el impacto de según qué decisiones, se echa de menos en las conclusiones pactadas un verdadero mea culpa y una más clara asunción de responsabilidades, sobre todo por los protocolos que tuvieron como efecto, al inicio de la pandemia, que a muchas personas se les negara el derecho a ser derivadas a un hospital. Sencillamente se trata de, viendo las consecuencias nefastas que tuvo aquello, decir que hoy las cosas se harían de otra forma y pedir disculpas a las víctimas. El informe se limita a constatar que hubo un "acceso desigual" a los hospitales, pero insiste en que los criterios del SEM eran "médicos". Entonces, ¿por qué el acceso fue desigual? ¿Qué factores provocaron que unas personas tuvieran un mejor acceso a la hospitalización, por ejemplo, si tenían un seguro privado, que otros? Estas preguntas no tienen una clara respuesta en las conclusiones pactadas.

En todo caso, el tuétano es cambiar un sistema residencial que actualmente es mayoritariamente privado o concertado, en el que junto a centros magníficos y profesionales hay otras empresas que sólo buscan maximizar su beneficio pagando sueldos bajos y no respetando las ratios, tal y como se puso de manifiesto. Como sociedad debemos preguntarnos si éste es el modelo que queremos para nuestros mayores o si de verdad estamos dispuestos a hacer un esfuerzo por conseguir un sistema al alcance de todos y que tenga de verdad la persona en el centro.

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