Treball acusa a Economía de incentivar un recorte del subsidio por desempleo

MadridEl subsidio por desempleo no se recortará. Éste es el principal mensaje que desde el ministerio de Trabajo se quiere lanzar ante las diferencias sobre la reforma de esta prestación con el ministerio de Economía. Fuentes de la cartera que dirige Yolanda Díaz (Sumar) asumen que mantienen posiciones distintas a las del departamento de Nadia Calviño (PSOE), y acusan a este ministerio de abrir la puerta a una reducción de este subsidio.

Vamos a palmos. De entrada, no debe confundirse el subsidio por desempleo con la prestación contributiva de desempleo. El primero lo cobran unas 800.000 personas en todo el Estado, que han agotado el paro o no han cotizado lo suficiente para cobrarlo. Pero para acceder a ellos es necesario cumplir con una serie de criterios, empezando por los de edad y renta. Además, son personas que están registradas en paro, que buscan trabajo y no las encuentran. Actualmente, es un subsidio de unos 480 euros brutos al mes (el 80% del IPREM) que puede cobrarse durante un máximo de 30 meses.

En líneas generales, la intención del ministerio de Trabajo es simplificar el trámite y sumar a colectivos que ahora están excluidos de esta ayuda, además mejorar su cobertura. Son cuestiones comprometidas y muy negociadas ya con Bruselas en el marco del componente 30 del Plan de Recuperación y Transformación vinculado a los fondos europeos.

Así, por ejemplo, Treball propone eliminar los 30 días que ahora mismo deben pasar para poder acceder al subsidio después de agotar el paro. También quiere incluir a los trabajadores eventuales agrarios, así como a menores de 45 años sin cargas familiares, lo que supondría ampliar a las personas que potencialmente pueden cobrarlo en unas 400.000. También propone cambios en cuanto a cuantía. Si ahora se cobra el 80% del IPREM del año en curso cada mes de subsidio, el ministerio de Trabajo plantea que la prestación crezca hasta el 110% del IPREM durante los primeros seis meses; el 90% en los seis meses siguientes; y el resto de tiempo, hasta los 30 meses, el 80%. Con el IPREM de este 2023 (habrá que ver si sube de cara al 2024), las cantidades del subsidio quedan así: 660 euros al mes durante el primer medio año; 540 euros el medio año siguiente y, por último, los 480 euros actuales. Todo ello supondrá un incremento del gasto, asumen fuentes del ministerio de Trabajo.

Asimismo, se quiere hacer compatible la opción de cobrar el 100% del subsidio durante los primeros 45 días de haber encontrado un trabajo y, sobre todo, se quiere reforzar el acompañamiento que deben realizar los servicios de empleo, ya sea con más asesoramiento o abriendo la puerta a la formación de la persona que está en paro.

Discrepancias con Economía

Lejos de lo que plantea Trabajo, el ministerio de Economía parte de la idea de que la reforma de este tipo de subsidios debe avanzar hacia fórmulas que incentiven la vuelta rápida al mercado laboral por la vía de una reducción de la ayuda . De entrada, el departamento de Calviño plantearía que el subsidio pudiera cobrarse sólo 12 meses, y no 30 meses como hasta ahora, según explican fuentes del ministerio de Trabajo. Además, la cuantía también sería decreciente: durante tres meses se cobraría el 100% del IPREM; en los tres meses siguientes se pasaría a un 80%; los siguientes tres, a un 65%; y los tres últimos a un 50%. Teniendo en cuenta el IPREM actual esto supondría dejar la prestación cerca de unos 442 euros al mes, es decir, por debajo de los 480 actuales.

Desde el ministerio de Trabajo se señala que las prestaciones sociales no son elementos para amenazar a los trabajadores y creen que una reducción de la prestación sólo pone más presión sobre el desempleado. Los planteamientos también difieren porque desde el departamento de Economía se defiende que si no se encuentra trabajo durante este tiempo, la persona debe dar el salto a prestaciones como la del ingreso mínimo vital, mientras que el ministerio de Trabajo no comparte el tráfico inmediato.

Reunión con los agentes sociales

Fuentes del ministerio de Trabajo sostienen que el documento en el que se recoge todo esto está prácticamente cerrado y confían en que no registrará ningún cambio una vez se explique y se discute con los agentes sociales, los sindicatos mayoritarios y la patronal. La intención, de hecho, es aprobar la reforma en el consejo de ministros antes de que acabe el año y trasladarla después al Congreso de Diputados. De hecho, las mismas fuentes anticipan que convocarán "próximamente" una mesa del diálogo social, aunque no especifican cuándo. Se trata de una exigencia de los agentes sociales, que por ahora desconocen la letra pequeña de la reforma.