¿Qué pasa cuando una persona decide hacer una donación de 100 euros a una entidad que investiga la ELA? ¿En qué se traduce que una empresa apueste por la cultura local y se convierta en mecenas de un artista emergente? ¿Qué implica que una fundación construya un hospice pediátrico gracias a donaciones privadas?
Todas estas situaciones tienen un denominador común: la implicación directa de la ciudadanía en la mejora de su entorno. Una manera de participar activamente en la vida social, cultural y científica del país. Esto es el mecenazgo. Esto es la filantropía.
Cataluña ha sido históricamente un país con una sociedad civil comprometida, capaz de organizarse y dar respuesta a necesidades colectivas. Nuestro tejido asociativo y fundacional –con cientos de organizaciones activas en ámbitos como la acción social, la cultura, la salud o la investigación– ha contribuido de manera decisiva a vertebrar el territorio y a generar cohesión social desde la proximidad. Este compromiso, sin embargo, necesita herramientas. Y aquí es donde entra el marco normativo.
En el ámbito estatal, la reciente reforma de la ley de mecenazgo ha demostrado que es posible llegar a acuerdos y avanzar. Se trata de un paso positivo, fruto del trabajo sostenido del tercer sector y de la interlocución con las instituciones y el poder legislativo, que contribuye a incentivar la filantropía y reconocer el papel de la sociedad civil.
Pero, ¿y en Cataluña? Hoy en día, nuestro país todavía no dispone de una ley propia de mecenazgo. Sabemos que hay un trabajo avanzado, pero el recorrido legislativo aún es largo. Desde abril de 2025, el proceso está paralizado a la espera de que el Gobierno haga público el texto del anteproyecto de ley y lo someta al trámite de audiencia e información pública.
¿Es legítimo preguntarse: por qué vamos tan tarde?
En Cataluña existen incentivos fiscales autonómicos para determinados ámbitos –como la promoción de la lengua, el medio ambiente o la investigación–, pero estos beneficios no llegan a las otras finalidades de interés general, como la acción social, la educación, la salud o la cultura, por poner algunos ejemplos. Esta situación genera una asimetría difícil de justificar. Si bien es positivo incentivar determinadas causas, no podemos obviar otros pilares fundamentales de nuestro modelo de país. No reconocerlas de manera equitativa en el sistema de incentivos fiscales limita el potencial de la filantropía y reduce la capacidad de movilización de recursos privados en ámbitos clave para el bienestar colectivo.
La experiencia internacional es clara. En los países donde se han desarrollado marcos fiscalmente atractivos para el mecenazgo, se ha producido un efecto multiplicador: más acción social, más cultura, más investigación. Pero también más empleo, más actividad económica y, en definitiva, más retorno para el conjunto de la sociedad. Fomentar la filantropía no es solo una cuestión de solidaridad; es también una apuesta estratégica para el desarrollo del país.
Por ello, Cataluña necesita –y merece– una ley de mecenazgo propia. Una ley ambiciosa, que recoja la pluralidad de nuestro tejido cívico y comunitario, que reconozca el valor de todos los ámbitos de actuación y que incentive de manera efectiva la participación de la ciudadanía. No partimos de cero. Hay consenso. Hay experiencia. Hay voluntad de todos los actores del mecenazgo. Lo que falta ahora es decisión política. Es el momento de que el Gobierno escuche al sector, acelere el proceso legislativo y haga pedagogía sobre la importancia del mecenazgo. Porque impulsar la filantropía no es solo favorecer a las entidades: es construir un país más justo, más cohesionado y con más capacidad de responder a los retos colectivos.
Esto, sencillamente, ya toca.
