Cuando Carles Puigdemont se esfumó ante las narices de la policía el mismo día de la investidura de Salvador Illa, muchos de sus votantes torcieron el gesto. La gente –en general– no entiende demasiado que los políticos se dediquen a la prestidigitación, aunque la vistan como la enésima jugada maestra. Y eso no quita que una parte muy importante del país empatice con la anómala situación del ex president, que sigue siendo un represaliado político. Y ahora, además, es el jefe de la oposición in absentia, lo que debería preocupar principalmente a Salvador Illa y su sentido institucional (que acaba de practicar nada menos que con Jordi Pujol).
La escapada de Puigdemont no fue una jugada maestra. Y lo que ocurrió el martes en el Congreso, cuando Junts impidió que se tramitara la regulación de los alquileres de temporada, tampoco lo fue, aunque a algunos les ha dado la impresión de un golpe de efecto estudiado, incluso todo pactado con el PNV, o el embrión de una mayoría alternativa a Pedro Sánchez. El impacto mediático, que con demasiada frecuencia es la gasolina de Junts, propició en esta ocasión un error de cálculo monumental, porque la cuestión de la vivienda es, hoy en día, una de las más sensibles, una de las que no admiten bromas ni tacticismo. Si los de Puigdemont querían marcar paquete ante el PSOE, no cabe duda de que aquel no era el momento ni el tema.
Los designios tácticos que mueven a Junts son comprensibles y conocidos: se trata de recordar permanentemente a Sánchez su fragilidad. A diferencia de ERC, Junts quiere dejar claro que su política española es accidentalista (no importa el PSOE ni el PP, importa Catalunya). La gente más de izquierdas puede tirarse del pelo todo lo que quiera, pero no hace tanto que Xavier Trias perdió la alcaldía por una alianza entre PSC, Comuns y el PP. Los votantes se acuerdan. Y desde el punto de vista indepe, no puede decirse que a ERC, alineada con el bloque de la izquierda plural, le haya ido mejor. Al contrario.
Ahora bien: Turull y compañía lo tendrán muy complicado para explicar en qué beneficia a Catalunya la barra libre de los alquileres de temporada, que en Barcelona suponen ya el 40% de la oferta con una escalada de precios vergonzosa. Y más les costará explicar los flirteos ocasionales con la derecha española, en contraste con la indiferencia, por no decir la hostilidad, que les genera el acuerdo PSC-ERC para la financiación de la Generalitat. Ni que decir tiene que este acuerdo, sin Junts, tendrá un recorrido aún más difícil. Lo que, en un país normal, debería concitar algo de generosidad mutua.
El golpe de efecto de Junts en el tema de los alquileres de temporada no se explica por motivos competenciales –hicieron lo mismo en el Parlament de Catalunya– sino por “no criminalizar la propiedad”, en palabras de Jordi Turull, en la misma entrevista anunciando la abstención que después, en una finta de última hora, se convirtió en un voto negativo. Se impidió así no ya la aprobación, sino la simple admisión a trámite de una propuesta que pretende incidir en un fenómeno que en Catalunya, y especialmente entre los jóvenes, despierta una fortísima preocupación, por no decir otra cosa.
Junts tiene todo el derecho a recuperar las posiciones centristas o derechistas de la antigua CiU, y puede hacerlo sin aguar su independentismo. Pero le conviene fijar posiciones políticas que no dependan de la obsesiva manía de hacerse notar, o de los vaivenes derivados del hiperliderazgo de Carles Puigdemont. El comportamiento del partido, en estos momentos, es más accidentado que accidentalista. El próximo congreso es una gran ocasión para aclarar su hoja de ruta. Y aunque todo acabe con la lógica aclamación al líder ausente, no puede ser un congreso de coses y cantar, sino de sincero debate –si se pretende que sea útil.
