Después de una crisis económica de caballo que en dos tiempos hizo temblar al país, llegó una pandemia que nos encerró en casa y nos llevó a digitalizarnos y flexibilizarnos para sobrevivir emocional y económicamente. Cuando pensábamos ingenuamente que solo nos faltaba el apocalipsis zombi, el lunes nos quedamos a oscuras y sin conexión telefónica. Desconectados del mundo. Durante horas y horas –en nuestro caso casi doce– no pudimos contar con los medios habituales para hacer nuestro trabajo. Obviamente, gracias a la previsión, la capacidad de superación y la cooperación, como tantas empresas en la Península Ibérica, no dejamos de dar servicio a nuestros lectores ni un minuto en la web y en las redes, llegando a los quioscos al día siguiente. El primer y positivo análisis de esta nueva crisis es la capacidad de resiliencia de una sociedad que sale a la calle pacíficamente, vuelve a casa como puede, da servicio pese a todo y digiere la frustración sin violencia. Que la reacción ciudadana sea tranquila no es una obviedad, y si un día la indignación se traduce en ira o pillaje habremos perdido la cohesión que hoy consideramos tan natural y nos lamentaremos amargamente.
Para evitar la desconfianza en los gestores públicos haría falta más diligencia en las explicaciones y mostrar un poco de empatía. La comunicación de crisis consiste en explicar que hay alguien al mando de la situación de incertidumbre haciendo todo lo posible para volver cuanto antes a la normalidad o al menos para evitar que las cosas empeoren. Poner una cara inexpresiva y hablar tarde o desde la vertiente policial y no desde el servicio público es un error comunicativo. Los ciudadanos no son menores de edad sino adultos que están perdiendo sus negocios y buscan una explicación y alguien al mando con sentimiento de urgencia.
Las explicaciones concluyentes de lo ocurrido no las tendremos pronto, pero sabemos algunas cosas. A las 12.33 un grupo de generadores de energía en Extremadura falló, 1,5 segundos después falló otro y 3,5 segundos después Francia se desconectó de España por autoprotección. La desconexión inesperada hizo que el 60% de la energía en España, que cuenta con 60.000 puntos de generación, cayera. Los cortafuegos no funcionaron, la concatenación de desconexiones derribó toda la red y luego Red Eléctrica tardó en dar permiso a las eléctricas para restituir el servicio de aquellas fuentes capaces de hacerlo de forma inmediata. No es el caso de las nucleares.
Los ciudadanos hemos descubierto que la fluctuación con las renovables no es regulable y que la producción eléctrica está más pensada para asegurar un negocio que para asegurar la distribución, algo que ya se podía intuir. La cuestión es que tenemos demasiada energía barata que no es regulable, que la hidráulica la reservan para cuando se vende más cara, y que los responsables políticos sabían que se necesitaban cambios para actualizar la red en los nuevos orígenes de producción. Es Red Eléctrica quien debe decidir en cada momento cuál es la forma óptima de generar electricidad y no tenemos una red preparada para que se gestione con las nuevas condiciones de las energías renovables más baratas, que hacen bajar los precios, y que ponen en evidencia las energías más caras y la actuación de las distribuidoras.
La guerra del gobierno español con las eléctricas hace ya tiempo que dura y el apagón no mejorará las relaciones, pero es exigible información transparente para saber cómo pueden quedar dos países a oscuras y desconectados durante toda una jornada laboral. De las repercusiones sobre los trenes del día siguiente ya no hace falta ni hablar. La paciencia de los catalanes parece inagotable. Veremos ahora cómo comienza la nueva batalla de la guerra del modelo energético y se recupera la vía nuclear. Lo mínimo que podemos exigir es un debate técnico y transparencia en los intereses que defiendan los partidos políticos y saber en nombre de qué empresas actúan, o si es en nombre de los consumidores.
El gobierno de Sánchez no solo lidiará en las próximas semanas con las eléctricas, sino también con la banca. La aprobación con condiciones de la opa por parte de la CNMC ha contado sorprendentemente con el voto del conseller de Junts a favor de la operación que acabaría con el Banc Sabadell. El gobierno y la mayoría de las entidades empresariales y sociales en Catalunya piden al gobierno de Sánchez que detenga la operación por razones de "cohesión territorial", ya que hay que entender que se trata de una fusión transnacional en términos políticos. No hay medias tintas, aplazar la operación cinco años como apuntan algunas fuentes no significa detenerla. Aplazarla sería una mala decisión que solo empantanaría una operación que hoy está colgada. Una salida poco seria.
