"Con el entendimiento de que el riesgo cero no existe, con la información recopilada hasta la fecha era difícilmente previsible el desenlace fatal del 13 de marzo", dice el informe interno que ha elaborado el departamento de Justicia sobre el asesinato, por parte de un preso, de la cocinera de la cárcel de Mas de Enric. Y naturalmente me lo creo. Los funcionarios de prisiones, consternados, claro, piden que la consejera, Gemma Ubasart, dimita.
Quienes dictaminan que el asesinato era difícilmente previsible son, seguramente, quienes dictaminaron, también, que el asesino trabajara en la cocina. El propio comité. Expertos psicólogos, supongo. O expertos juristas. O ambas cosas. Supongo que la consejera de Justicia recibe informes y decide. O quizás no decide ella y cada cárcel es soberana. Por ejemplo, en el dramático caso que nos ocupa, se ve que al interno se le practicaron “14 evaluaciones desde que entró en prisión, en abril del 2016, por haber asesinado a una mujer con un arma blanca, el mismo método con el que mató a la cocinera de la cárcel. En todas estas evaluaciones, concluye el informe, los indicadores de riesgo eran bajos y tenía buena conducta”. Supongo, claro, que hay internos que engañan, que hay internos que tienen un raptus, y que hay observadores que se dejan engañar.
¿Los observadores son funcionarios de prisiones? ¿Son los que tienen la última palabra en la rehabilitación (deseable) de un preso? Porque, entonces, que Gemma Ubasart, que ha acatado el informe, sea recibida con gritos de asesina me parece de una injusticia y un pico gordo terrorífico. ¿Asesina? ¿Ella? ¿Nos hemos vuelto todos locos? ¿Debe dimitir ella y no los del informe? ¿Son funcionarios?
Y dicho esto. Que ella diga que la manifestación “no estaba autorizada por la policía”, viniendo del espacio político de donde viene, también me parece, al menos, curioso.
