Contra la realidad de la escuela catalana, donde el castellano ya es de facto la lengua más usada en la secundaria, la justicia continúa dictando sentencias para protegerlo ante una supuesta marginación, ignorando el hecho del constante retroceso del idioma catalán tanto en las aulas como en los pasillos y patios, y por supuesto también en el conjunto de la sociedad: solo hay que recordar la situación en el audiovisual. Durante los años 80 del siglo XX, la inmersión en catalán en la escuela consiguió tímidos adelantos en el uso social de la lengua histórica del país; pronto, sin embargo, se tuvo que conformar con evitar el retroceso. Y ahora ya ni esto. Los datos son los que son, y son preocupantes para el catalán ante la preeminencia del castellano, dentro y fuera del sistema de enseñanza.
A pesar de esto, los tribunales, instados por una absoluta minoría instrumentalizada por la derecha nacionalista española, y absurdamente convertidos en tutores pedagógicos, persisten en ignorar esta desigual salud de un idioma y otro, y en negar la evidencia de que todos los estudiantes de Catalunya acaban su escolarización obligatoria con un conocimiento del castellano homologable al de los estudiantes del conjunto del Estado. Esta insistencia en crear un problema allá donde no lo hay, esta persecución del sistema de inmersión lingüística como una imposición cuando es fruto de un amplio consenso social a favor de una discriminación positiva, solo se puede explicar desde una visión alérgica a la pluriculturalidad del Estado y desde una inquina hacia el catalán, cuyo futuro está ahora mismo seriamente comprometido. La sociedad catalana, en la práctica, cada vez es más monolingüe en castellano.
Pero lo peor de todo es que la conjunción de una justicia politizada e insensible a la realidad idiomática de Catalunya y la coalición incendiaria de medios y partidos españoles de derechas está envenenando la vida escolar, jugando con la educación de los niños y creando enfrentamientos artificiales entre familias. No se pueden comparar dos tuits desafortunados contra los padres que querían más horas de castellano en la Escola Turó del Drac de Canet –y que han obtenido una sentencia favorable que efectivamente ha impuesto el 25% de horas de docencia en este idioma, contra el parecer de la mayoría de familias y del claustro de maestros– con la sistemática campaña de tergiversación que desde hace años llevan a cabo partidos como Cs (que ahora vuelve a buscar su tabla de salvación en esta disputa), el PP y Vox. La opinión pública española está absolutamente mediatitzada en contra de una vida escolar catalana que, si se circunscribe a lo que dicen las principales cadenas televisivas y algunos diarios españoles, debe de pensar que está integrada por profesores y familias sectarias antiespañolas. Nada más lejos de la verdad. La tolerancia lingüística preside las comunidades escolares de los centros, que lo único que piden es que se les permita trabajar sin injerencias. El mismo líder del PSC, Salvador Illa, ha pedido este jueves "dejar de politizar" esta cuestión y "dejar que los profesionales del ámbito educativo hagan su trabajo". Los tribunales están contribuyendo a politizar la educación y a romper la convivencia lingüística.
