El dicho según el cual hay noticias que se entienden mejor si se ponen una al lado de la otra a veces funciona. Por ejemplo, es un hecho que la Comunidad de Madrid ha comprado a través de una empresa pública un ático de casi 500 metros cuadrados en la zona más lujosa de Madrid, una compra de un valor estimado de entre cuatro y seis millones de euros que se ha hecho sin que estuviera presupuestada en ningún sitio. La respuesta de la presidenta, la inevitable Ayuso, ha sido hacerse la víctima una vez más (ha afirmado que vuelve a ser víctima de una “campaña de desprestigio”). También ofreció una especie de explicaciones según las cuales este ático de lujo será una “oficina” donde “temporalmente se puedan tener reuniones institucionales” mientras se hacen las obras de reforma de otro edificio, y que no está claro que ella lo vaya a usar. El mismo día, Ayuso anunció que abrían en la web de la Comunidad de Madrid un apartado para “canalizar con seguridad las donaciones para la reconstrucción de la Sierra Oeste”, y al día siguiente, la Comunidad hace el anuncio alucinante de que ahora venderán el ático en cuestión “para ayudar a los afectados por los incendios”: ni el dinero público se gestiona así, como si fuera un juego de niños, ni la ciudadanía somos necesariamente idiotas. La “reconstrucción”, por cierto, es la palabra que usa la Generalitat Valenciana para administrar, también con notable opacidad, los fondos destinados a reparar las destrozos de la dana del 29 de octubre de 2024. Todavía en tiempos de Mazón, las arcas de la Generalitat recibieron doce millones de euros en donaciones de ciudadanos que quisieron contribuir a esta causa, de los cuales no se ha sabido nunca más nada. No hay noticias de que ni Mazón ni Ayuso hayan tenido que comparecer ante la justicia por la muy presunta corrupción a su alrededor.Por el contrario, es otro hecho conocido que, a pesar de la contundente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de la ley de amnistía, y a pesar de haber concedido en dosis homeopáticas un puñado de amnistías de perfil más técnico, el Supremo español se niega a amnistiar a los dirigentes políticos del Procés por un delito de malversación que solo ha existido dentro de la imaginación de los acusadores y de los magistrados que los condenaron. La convocatoria de un referéndum de autodeterminación era parte del programa electoral de los partidos que formaron un Gobierno plenamente legítimo y democrático, y con el gasto para llevar adelante este referéndum no se ha demostrado que se lucrara nadie. Es más, quien era el ministro de Hacienda entonces, Cristóbal Montoro, manifestó que no se había gastado “ni un duro de dinero público” en “las urnas de los chinos”. Por cierto: el llamado caso Montoro, un gran escándalo de corrupción en que la Agencia Tributaria y el ministerio de Hacienda habrían sido utilizados para cometer extorsión y otros delitos, ha visto cómo esta semana el juez prorrogaba la instrucción seis meses más, una velocidad inversamente proporcional a la gravedad del caso. Lo que decíamos: a veces, poner noticias de lado ayuda a entenderlas mejor.
