No es que sea ninguna sorpresa, pero este lunes nueve jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo rechazaron el recurso de la Fiscalía sobre Tsunami Democrático, presentado contra la decisión del juez García-Castellón de investigar a esta organización por terrorismo, con Carles Puigdemont como supuesto líder y cerebro malvado oculto dentro de las tinieblas. La Fiscalía objetaba que no veía delito de terrorismo, sino de desórdenes públicos. Pero, finalmente, la Audiencia Nacional y el Supremo han decidido hacer suyas las tesis de García-Castellón y salir adelante con la investigación por terrorismo, con las obvias derivadas políticas que esto supone. El propósito de desestabilizar (aún más) el ya de por sí inestable escenario político, y de hacerlo en detrimento del gobierno de Pedro Sánchez ya favor del PP, es, en estos momentos, indisimulado. Y la voluntad de seguir asimilando el independentismo catalán con el crimen y la delincuencia, y perseguirlo judicialmente con ensañamiento y afán de venganza y de imposición de castigos ejemplares, manifiesta.
La decisión ya hemos dicho que no es sorprendente, pero sí es alarmante constatar con quienes eligen afilarse los magistrados de la Audiencia Nacional y del Supremo. García-Castellón es un juez discutido y controvertido, sobre el que existe un consenso negativo: es parcial hasta el límite del ridículo, y en su esfuerzo por servir a los suyos, no duda en tomar decisiones extravagantes e incluso risibles (son una buena muestra las tortuosas argumentaciones con las que intenta acercar los hechos del aeropuerto de El Prat, de octubre de 2019, a un inventado delito de terrorismo). Por tanto, si la Audiencia Nacional y el Supremo deciden abrazar las construcciones acusatorias de García-Castellón, en contra del criterio de la Fiscalía, entonces no queda otro remedio que concluir que la Audiencia Nacional y el Supremo eligen exponerse también a ser percibidos como parciales, ridículos y extravagantes. Que después rechacen ferozmente toda crítica que se les haga, hasta el punto de que salga el magistrado Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial (un organismo bloqueado de hace cinco años, en un verdadero escándalo anticonstitucional) a exigir públicamente que dejemos en paz los jueces –“déjennos en paz”–, no ayuda a mejorar esta percepción.
Más allá de las percepciones y las opiniones, el problema realmente grave es que la Audiencia Nacional y el Supremo sucumban a la tentación de presentarse como tribunales de parto, poniendo de manifiesto así la verdadera deficiencia troncal de la democracia española: la politización de la justicia. Una cúpula judicial que renuncia voluntariamente a su autoridad y prestigio, y que actúa como un extraño cuerpo que corroe a las instituciones desde dentro, al servicio de intereses espurios. Al comienzo de la guerra judicial contra el Proceso, el difunto fiscal general Maza intituló un informe Más dura será la caída. Tal vez, en vez de una amenaza, acabaremos leyendo estas palabras como una profecía autocumplida.
