Tres años después de la reforma que debía poner orden al régimen de los autónomos, el gobierno español vuelve a tropezar con la misma piedra: el malestar de un colectivo que se siente despreciado. La propuesta de aumentar las cuotas en los próximos tres años ha durado poco.
La reforma del ministro Escrivá de 2022 introdujo un cambio profundo: las cotizaciones de los trabajadores autónomos empezaron a calcularse según los rendimientos reales, y no a partir de una cuota elegida libremente. El objetivo era reforzar la relación entre lo que se paga y lo que se recibe, y evitar jubilaciones con pensiones muy bajas después de haber cotizado siempre por lo mínimo. También se quería mejorar la cobertura en situaciones imprevistas, como enfermedades o crisis como la de la covid, cuando muchos descubrieron su escasa protección.
Ahora el debate se ha reabierto. La propuesta inicial preveía aumentar las cuotas entre el 2026 y el 2028, pero el rechazo fue casi unánime, entre los sindicatos y las organizaciones de autónomos, desde el PP hasta los socios de investidura, pasando por el propio Sumar. Ante la presión, Saiz ha rectificado y plantea congelar los tramos más bajos y aplazar el resto hasta una nueva negociación.
Para entender el malestar es necesario mirar más allá de las cifras. A pesar del crecimiento económico, muchas familias y pequeños negocios no notan sus beneficios. El aumento del coste de la vida, la inestabilidad de los ingresos y la presión fiscal han dejado poco margen a unos trabajadores que viven ya al límite. Además, los autónomos arrastran una sensación de desprotección estructural: se sienten fuera de los grandes circuitos de seguridad de los asalariados, especialmente en países como España, Francia o Italia, donde el sector público y las grandes empresas concentran la protección sindical.
La propuesta inicial del gobierno se ha vivido como una doble injusticia: preveía incrementos por encima de la inflación, pero también rompía el acuerdo de 2022 según el cual la mayoría no vería subidas a corto plazo. Pero lo que genera mayor malestar no es tanto la cuantía del aumento como la incertidumbre. A la inestabilidad propia de los trabajadores por cuenta propia se suma una regulación cambiante e imprevisible que hace imposible planificar a largo plazo.
A pesar de los buenos datos macroeconómicos, el emprendimiento sigue siendo una asignatura pendiente. Para que haya más innovación y proyectos sostenibles se necesitaría un entorno más estable, menos burocrático y con reglas claras. Sin embargo, los indicadores muestran lo contrario: España se sitúa por debajo de la media de la OCDE en libertad económica y previsibilidad reguladora. Ahora bien, también hay que evitar la caricatura de que cualquier aumento de contribuciones es un "saqueo". El debate fiscal no es sólo sobre impuestos, sino sobre cómo hacer compatibles las ganas de emprender con la seguridad y la dignidad laboral.
