La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, ha dicho en repetidas ocasiones que ella y su gobierno tienen aprendida la lección del también presidente del Gobierno Balear del PP, José Ramón Bauzá, que cayó en su momento por su obsesión contra el escuela pública y en catalán. Sin embargo, al contrario de haber aprendido nada, el gobierno de Prohens ha caído aún más bajo que el de Bauzá con un acuerdo con su socio, Vox, para implantar un modelo de segregación de los alumnos por lengua. Ahora el PP de Baleares está empeñado en la tarea de intentar endulzar y maquillar los hechos (como también, en su día, hizo Bauzá) haciendo malabarismos retóricos. Pero la realidad es que ha cometido el peor error que puede cometer un gobierno: impedir o dificultar el normal funcionamiento de la escuela pública. El malestar en la comunidad educativa es total, tanto por las medidas acordadas entre los socios de gobierno como por los modos autoritarios, a menudo chulescos, de querer salir adelante. El debate parlamentario (por decirlo de algún modo) de este despropósito contra la enseñanza pública en la lengua de Baleares ha sido rodeado, además, de ataques a sedes de partidos y sindicatos. De nuevo, el PP (esta vez, de la mano de Vox) toma en Baleares el camino de la fractura social. Literal: la segregación de niños en la escuela por lenguas (ellos lo llaman desdoblamiento) es un camino seguro de división y ruptura de la sociedad.
Por su parte, y como siempre es posible ser más chapucero que nadie, el gobierno de la Generalitat Valenciana, por boca y figura del torero Vicente Barrera, vicepresidente y conseller de Cultura, presume de quitar todas las ayudas públicas a las entidades, asociaciones y empresas que trabajan por la cultura en catalán, o en valenciano, como la Cátedra Vicent Andrés Estellés, el Espai Joan Fuster y la Editorial Bromera. Se enorgullecen, en cambio, de destinar unos 400.000 euros de dinero público a una asociación taurina que ni siquiera es valenciana, sino que tiene su sede y actúa en Madrid. Es otro abuso que se añade a quienes, casi a diario, comete el ejecutivo que preside Carlos Mazón contra los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, desde el primer día que empezó el mandato.
Las instituciones, en Baleares y en el País Valenciano, están en manos de desaprensivos dispuestos a ir de la mano de los hooligans. Lo hacen para volver a tener un poder que no habían tenido en los últimos ocho años y que ahora ejercen con espíritu de revancha, movidos por la ignorancia y el odio. La conclusión: en los próximos años, con estas instituciones no se puede contar para nada. Al contrario: sólo cabe esperar que se enfangen cada día más en su desbarajuste (aparte de los abusos de poder, el desorden interno es enorme en ambos casos). Y eso significa que es, en ambos lugares, el momento de la sociedad civil. El momento de organizarse y movilizarse no sólo para responder al desgobierno del PP y Vox. También, para impedir que arrastren Baleares y la Comunidad Valenciana en su viaje hacia la nada.
