A pesar de todo el tiempo transcurrido, puede sorprender saber que el proceso contra Carles Puigdemont todavía está empezando, lo que abre la posibilidad de que se amplíe la investigación a otros posibles actos no averiguados todavía y no cubiertos por la ley de amnistía. Esta realidad hacía que si volvía ahora a España –lo que era incomprensible precisamente por eso– la condena hubiera podido ser, en total, de más de 10 años, que no es irrelevante para alguien de 61 años. Por eso, la tocata y fuga del 8 de agosto planteaba un riesgo jurídico inmenso, dejando a un lado su relevancia política, si es que la tenía.
Por todo ello, el futuro del ex president ya es definitivo en cuanto a las opciones, a no ser que, por alguna razón, cambien mucho las cosas y el magistrado Llarena lo declare amnistiado por todos los hechos que investiga. Estas opciones son permanecer en Bélgica, pasar a otro país de la Unión Europea, salir de la Unión Europea pero permanecer en Europa –Suiza–, o salir del espacio de la Unión o afín. Por último, todavía queda la opción de volver a España.
Permanecer en Bélgica es la opción más conservadora. Pese a que la performance escapista del 8 de agosto no lo ayudará con ningún juez del mundo que tenga que considerar su libertad, también es incierto que el magistrado Llarena intente una nueva euroorden. Sin embargo, el hecho es que el magistrado no debería poder limitar la persecución del reo a España, como si no confiara en que lo que hace pueda ser defendido sin avergonzarse ante una jurisdicción extranjera. En cualquier caso, los hechos investigados son los que son y, en principio, cualquier juez belga que leyera una traducción de la ley de amnistía tendría muy claro que las imputaciones sobre el ex president están cubiertas por la ley, aunque el Tribunal Supremo español haya dicho incomprensiblemente lo contrario. Sería distinto si le intentaran añadir acusaciones por hechos no cubiertos por la ley de amnistía, como el caso de la supuesta trama rusa. Sin embargo, esta causa, después de mucho tiempo de investigación, está fundamentada en datos muy escasos que podrían hacer incluso que el juez belga considerase algo muy grave: que se están manipulando los hechos para obtener a toda costa una condena, lo que evidenciaría, a ojos del tribunal, una persecución política contra Carles Puigdemont que podría llegar a ser declarada por los propios jueces belgas.
Con pocas dudas, esto es lo que pasaría también en cualquier otro país de la Unión Europea, aunque, dependiendo de donde fuera, una justicia de peor calidad o unos jueces menos informados del trasfondo político del caso podrían llegar a conceder la euroorden, una suposición que aconseja al ex president no moverse mucho de Bélgica, sobre todo ahora que ya no tiene la inmunidad porque no es parlamentario europeo.
En Suiza es muy probable que el caso fuera considerado político, sobre todo por el precedente de Marta Rovira. Sin embargo, Suiza es un país que en el futuro podría llegar a reconsiderar su opinión si le interesara la entrega por parte de España de algún ciudadano suizo, buscando la reciprocidad. Es muy poco factible que esto ocurra, pero el riesgo está ahí. Justamente este riesgo de la reciprocidad se incrementa muchísimo si el ex president sale de la Unión Europea o su espacio más cercano –Noruega, Islandia o Reino Unido–, haciendo así que la extradición pueda verse afectada por circunstancias políticas, siempre volátiles.
La última opción es volver a España, tratando de que se le aplique la ley de amnistía, como, por cierto, debería suceder indudablemente. Sin embargo, las resistencias que están exhibiendo en este sentido algunos jueces españoles, entre ellos la propia sala segunda del Tribunal Supremo, aconsejan esperar a un pronunciamiento judicial más favorable de algún tribunal, español o internacional. Por ahora, todo el mundo piensa –no sé si acertadamente– que el Tribunal Constitucional resolvería el caso en favor de la ley de amnistía, aunque también podría suceder lo contrario si pasa el tiempo y cambian las posibles opiniones de los magistrados del tribunal. Por eso, si volver a España –o no irse– habría tenido mucho sentido en el pasado por diferentes razones, ahora es peligroso si quiere mantener su libertad.
Todo está pendiente, por tanto, de lo que diga el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, en función de su contundencia. También puede ser decisivo lo que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la sentencia del 2019. Depende de su contenido, que a veces también es contundente. Por todo ello, a pesar de que las opciones son claras, el futuro del caso es todavía incierto.
