Cataluña, tierra de ciudadanos

Leo estos días, un poco aturdido, declaraciones y posicionamientos formales desde la izquierda, también de responsables políticos de la dirección actual de ERC, en torno a la cuestión de la inmigración presente en nuestro país y de los presuntos riesgos y problemas que se derivan. Permítanme decir, de entrada, que no comparto la actitud que se entrevé ni la concreción de la argumentación que se expone con suficiente claridad.

En cuanto a la actitud se puede resumir en el "aquí no cabemos todos". El punto de partida es obvio, claro que no cabemos todos, pero el mensaje implícito es "ya somos demasiada gente, ya tenemos demasiada inmigración". Algunas preguntas me vienen a la cabeza inmediatamente. ¿Por qué necesitamos establecer una cifra óptima de inmigración que nos asegure el equilibrio soñado de prosperidad y cohesión social? ¿Cuál sería el máximo de migración que podríamos admitir teóricamente? ¿Es la cantidad o el porcentaje de población inmigrada por sí mismo lo que pone en riesgo la identidad catalana?

Mi respuesta es igualmente clara: no existe un óptimo ni un máximo que deberíamos querer predeterminar. La cohesión y el equilibrio social de la sociedad catalana dependerá de las políticas públicas del presente y del futuro tanto como de los cambios en el modelo productivo que decidamos y apliquemos. La identidad catalana ha sido a lo largo de la historia, lo es ahora mismo y lo seguirá siendo en el futuro, resultado de nuestra capacidad colectiva para convertir la diversidad en ciudadanía plena, no de una proporción u otra de migrantes llegados antes o después. 

Afortunadamente, la dinámica social y económica de un país como el nuestro es continua e imparable, que no quiere decir ingobernable o inevitablemente orientada a ningún desastre anunciado por unos u otros profetas del fin del mundo. Afirmo que la actitud exigible desde una perspectiva progresista es exactamente la contraria: es decir, la búsqueda de líneas de reflexión y de acción útiles para entender y responder a la complejidad evidente de la situación actual. Y, a continuación, darle forma de proyecto político para ofrecerlo abiertamente a la sociedad catalana, como compromiso de acción a compartir con toda la ciudadanía.

En cualquier caso, no parece la mejor opción la negación/rechazo de la realidad o, peor aún, la asunción acrítica de los tópicos, las medias verdades o las hipótesis catastrofistas que las derechas diversas (y determinados sectores económicos y sociales) han conseguido hacer creíbles y asumibles por buena parte de la ciudadanía, incluyendo, precisamente, partes significativas del electorado que hasta ahora ha dado apoyo a un partido u otro de izquierdas.

Si hablamos de actitudes, pues, la consigna es clara: pasemos del rumor a los datos, de la denuncia a la propuesta, de la queja malhumorada a la empatía autoexigida, del miedo al “otro” a la interlocución abierta, del “qué mal va todo” a la aceptación sin prejuicios de la complejidad real, de los tópicos incontestables al conocimiento objetivo.

En cuanto al contenido de la argumentación política y económica mencionada me sorprende, o quizás no tanto, la coincidencia casi total de los mismos dirigentes políticos con alguno de los planteamientos expuestos en el Informe Fénix. Un argumento que se puede resumir en una previsión que se da por indiscutible: si siguen llegando más y más inmigrantes, Cataluña no podrá cubrir el coste de los servicios públicos básicos que esto implicaría. Por lo tanto, se añade, no podemos admitir la evolución hacia un país de 10 millones de personas.

Otra vez se mezclan obviedades con conclusiones erróneas. El supuesto desequilibrio entre aportaciones y costes de la inmigración es totalmente discutible. En primer lugar, porque la eventual diferencia afecta por igual a unos y otros, a inmigrantes y a trabajadores autóctonos, a todos y todas los que reciben los salarios bajos que el actual modelo productivo impone y que todo el mundo dice querer transformar.

Pero vamos más allá del foco pequeño y cargado de prejuicios sobre la inmigración: el supuesto desequilibrio desaparece, también a corto plazo, si consideramos el conjunto real de fiscalidad generada, los beneficios de las empresas y el efecto presente y futuro sobre el volumen global de riqueza generada y sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Incluyendo, claro está, no solo el aumento imprescindible de los salarios reales, sino también parámetros demográficos tan relevantes como la tasa de natalidad o el envejecimiento progresivo de la sociedad catalana. En este sentido, es oportuno recordar dos magnitudes bien diferentes, pero que también nos definen:

—La densidad (habitantes/territorio) de Cataluña está por debajo de, por ejemplo, la del País Vasco o la de Holanda.

—La población de más de 65 años en Cataluña ha aumentado en 800.000 personas entre 2002 y 2025.

Mi conclusión es clara: no hay que perseguir ninguna cifra, pero necesitamos más ciudadanos y ciudadanas. Nuestra responsabilidad colectiva es precisamente la de constituir la alianza necesaria entre instituciones y sociedad civil para dar consistencia, horizonte y resultado real a una política de ciudadanía ambiciosa y dirigida, ya ahora, a los más de 8 millones de catalanes y catalanas que ya somos.

Se trata de hacer todo aquello que sabemos posible, incluido en las actuales condiciones y sin disponer todavía de los recursos que legítimamente nos pertenecen, para acabar siendo un país de hombres y mujeres reconocidos y reconocidas como sujetos dotados de libertad, educación, formación y, al mismo tiempo, titulares del conjunto de derechos y deberes que dan sentido al concepto de ciudadanía.

En todo caso, un país que genera un volumen de riqueza global de cerca de 350.000 millones de euros y que cuenta con presupuestos públicos conjuntos superiores a los 50.000 millones tiene capacidad sobrada para abordar una ambiciosa política de ciudadanía. Si es que realmente aspiramos a ser un país pleno, definido por su cohesión interna y por la capacidad de desarrollar en positivo una identidad compartida como legado secular y renovada por el efecto, precisamente, del enriquecimiento significativo que resulta de la diversidad conscientemente asumida.

No nos limitemos a seguir la retórica tradicional de la “tierra de acogida”, seamos por fin “tierra de ciudadanos”.