El valor del consenso en la reforma laboral
BarcelonaLa ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha conseguido lo que hace solo unas semanas parecía imposible: poner de acuerdo a patronal y sindicatos para modificar la última reforma laboral aprobada por el PP en 2012. El acuerdo llega después de semanas de negociaciones maratonianas en las que todas las partes han cedido para poder construir un consenso. El resultado, pues, no deja a nadie satisfecho del todo. Gobierno y sindicatos han sacado adelante reivindicaciones como la de hacer que el convenio de sector vuelva a prevalecer por encima del de empresa o la de la llamada ultraactividad (cuando un convenio caduque se mantendrá vigente hasta que se sustituya por otro pactado, no como ahora, que decaía después de un año), pero han tenido que renunciar a otras, como por ejemplo la de evitar que una empresa se pueda desvincular de un convenio en determinadas circunstancias. También se ha aparcado, de momento, la revisión de las indemnizaciones por despido.
Más allá de esto, sí que se hace un esfuerzo para clarificar en qué casos está justificado un contrato temporal y se regula la subcontratación para evitar fraude, puesto que es uno de los grandes objetivos de la reforma para reducir la precariedad laboral. También se simplifican los contratos y se convierte el fijo en prevalente. La nueva normativa se aprobará en el consejo de ministros del día 28 de diciembre para que entre en vigor antes de final de año, tal como se comprometió el gobierno español con Bruselas. Más allá del contenido en sí, el acuerdo es una victoria política de Pedro Sánchez, que incorporó a Nadia Calviño a la negociación para controlarla y tranquilizar a Bruselas.
Esta reforma laboral es la primera que se consensúa entre los agentes sociales desde el 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente. Este es un valor en sí mismo, en una época en que los consensos políticos, incluso en contextos como el de la pandemia, parecen una cosa del pasado. También parece del pasado la polémica alrededor de la "derogación" de la reforma laboral que enfrentó al PSOE con sus socios. Al final se trata de modificaciones puntuales de lo que el gobierno consideraba los "aspectos más lesivos".
Aun así, el texto tendrá que pasar ahora al Congreso, donde partidos como ERC y EH Bildu ya han puesto sobre la mesa otras demandas, como por ejemplo que los convenios autonómicos o provinciales también sean de aplicación prioritaria. El PSOE y Unidas Podemos todavía tendrán que hacer un último esfuerzo para sumar votos suficientes, porque es impensable que el PP facilite la aprobación de una norma del gobierno aunque tenga el aval de los empresarios.
Unos empresarios que han resistido las presiones de los populares y Vox para que no pactaran nada con el ejecutivo. Aun así, no ha sido nada fácil para Antonio Garamendi, que se ha tenido que enfrentar a una fuerte oposición interna. Así, la patronal madrileña y, sorprendentemente, Foment del Treball se abstuvieron en la votación del acuerdo. La patronal catalana, que reclama diálogo para resolver el conflicto político, no se ha alineado en esta ocasión con el pragmatismo de Garamendi sino con las posiciones duras e inflexibles de los empresarios madrileños. Una mala noticia.
