Más de 1.300 empresarios se reunieron este miércoles en el recinto ferial de Ifema, en Madrid, para reclamar que se acelere la construcción del Corredor Mediterráneo. Iban convocados por la plataforma Quiero Corredor, impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que últimamente es quien lleva la bandera de esta reclamación histórica que agrupa, sin embargo, a empresarios de las comunidades de todo el Mediterráneo de diferente color político. El gobierno catalán, como hace en otros ámbitos –como la financiación– que presuponen una relación autonómica con el Estado, ya hace años que ha dejado de estar en la vanguardia de las reivindicaciones, a pesar de que, lógicamente, el empresariado catalán sí que está totalmente comprometido y reclama apoyo desde el Govern. Hay que recordar, sin embargo, por qué no tenemos todavía este corredor y, también, por qué es bastante probable que lo tengamos antes del 2030. No lo tenemos porque el Partido Popular no lo quería y continúa considerándolo una amenaza para su proyecto de una España radial en la que todo tiene que empezar y acabar en Madrid, sean trenes, dinero o empresas. Tan poco lo quería que en 2012, cuando gobernaba Rajoy, España fue el único país de la Unión Europea que votó en contra porque su propuesta era hacer que el Corredor Mediterráneo pasara también por Madrid y se conectara con Europa con un túnel por los Pirineos aragoneses que los franceses se negaron a avalar. Y lo tendremos porque Europa sí que lo considera un proyecto prioritario y, por lo tanto, asume el 40% de su coste. Además, hay unanimidad entre el mundo empresarial de que es una infraestructura necesaria y fundamental para impulsar la economía española.
Una vez puesto el contexto, es decir, la razón política por la cual no tenemos la infraestructura, es necesario sumarse al clamor que reclama el corredor. Ayer los empresarios –entre los cuales estaba el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre; el presidente de Mercadona, Juan Roig, o el de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri– mostraron su decepción por el retraso en las obras, que, afirman, harán que en 2025 no esté acabado, tal como se había comprometido el gobierno español casi hace dos años. Tampoco ayer la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quiso ponerle fecha.
Como se recordó miércoles, en este corredor se concentra el 50% de la población, el 47% del tejido empresarial, el 62% del tráfico de mercancías portuarias y el 45% del PIB. Este corredor ferroviario que tiene que conectar Algeciras con la frontera francesa (unos 1.300 kilómetros) a través del ancho europeo (la incompetencia española en el tema del diseño de las infraestructuras viene de muy lejos) es clave para hacer más competitiva la economía no solo de los lugares por donde pasará, sino de todo el Estado, cuyo PIB, según los estudios, podría verse aumentado un 2,2%. Con toda su complejidad y las múltiples derivadas que tiene en la conexión entre polos económicos, entre comunidades, entre países y entre personas, es la principal infraestructura que necesita Catalunya y también España. Incluso para los centralistas más recalcitrantes tendría que ser una prioridad incuestionable. Basta de aplazamientos y de retrasos. No hay más excusas.
