¿Por qué se anuncian grandes planes y después cuesta mucho ver algún efecto tangible sobre la ciudad? ¿Por qué hay tanta gente inscrita en el Registro de Solicitantes de Vivienda Asequible y toca solo a unos poquísimos afortunados? El Colegio de Arquitectos ha presentado el análisis del visado de edificación del primer semestre de 2025 y lo pone negro sobre blanco: del total de 8.107 viviendas nuevas visadas en el COAC, solo 1.453 son de protección oficial, con una disminución del 18,6% de la superficie visada de vivienda. En Barcelona ciudad, del total de 833 viviendas nuevas visadas, la mitad (465) son de protección oficial, distribuidas en doce proyectos. En los últimos años, varias ciudades han puesto el foco en la emergencia habitacional, pero cuesta todavía capitalizar el esfuerzo en materia de vivienda. Y al ser un proceso lento, los responsables acaban tirando la toalla y se aferran a proyectos estratégicos que solo con un render o una maqueta son mucho más comunicables.
En parte, esto se debe a que culturalmente todavía asociamos los proyectos políticos a la monumentalidad (cuanto mayores y más icónicos, mejor), y en parte porque cuesta mucho políticamente capitalizar el esfuerzo en materia de vivienda; lo que ahora está en planeamiento no será una entrega de llaves hasta dentro de un par de mandatos. Lamentablemente, la mayoría de alcaldes (y la mayoría de los medios) todavía prefieren la lógica de cortar cintas rojas a un equipamiento o plaza, en vez de organizar el acceso a la vivienda a través de un plan difícil y necesariamente abstracto.
El primer motivo, pues, tiene que ver con cómo históricamente hemos interpretado lo que es importante en las ciudades. Estos días de verano, se ven turistas en todas las iglesias y catedrales de cualquier ciudad de Europa, porque los templos son el legado visible de lo que nos han dejado las generaciones anteriores. Desde la Edad Media, muchas familias han dado tierras, arte y dinero a la Iglesia: algunos por convicción y otros por el miedo a morir y caer en desgracia en la eternidad. Los individuos, a la hora de hacer testamento o deshacerse de alguna propiedad, legaban a los poderes religiosos de la ciudad: de este modo, las posesiones de la Iglesia a lo largo de los siglos se han convertido en centrales y se han promovido grandes obras arquitectónicas como catedrales, iglesias, conventos e incluso hospitales y escuelas.
La escenografía de las ciudades que hemos heredado bebe de esta tradición y guiamos las visitas de verano siguiendo las perspectivas de los campanarios o las cúpulas que sobresalen de los tejados. La Iglesia ha sido, históricamente, quien ha centralizado los medios para hacer los grandes espacios colectivos y nunca ha escatimado recursos materiales. Pero la ciudad no se hace solo con monumentos y, al paso que vamos, tendremos que hacer muchos kilómetros de tren a diario para visitarlos desde las nuevas periferias residenciales.
Como cada día paseamos por unas ciudades que tienen una forma bastante similar, que siguen una lógica histórica muy determinada, se nos hace difícil pensar en nuevas formas de impulsar un patrimonio público de suelo que pertenezca a los ciudadanos. Desde el fin de la dictadura, los municipios han promovido equipamientos (bibliotecas, teatros, cines, comisarías, CAPs…) y han invertido millones de euros en pavimentar calles y "monumentalizar las periferias". Todo ello ha contribuido a democratizar el acceso a los servicios públicos y se han compensado determinadas carencias históricas en barrios poco afluentes. Pero, en plena emergencia habitacional, sigue costando encontrar grandes conjuntos edificados que podamos identificar como recurso público para garantizar algo tan básico como el derecho a la vivienda.
En los Países Bajos, Francia o Austria, las ciudades intervienen en el mercado del suelo para evitar la especulación y garantizar el interés público sobre el lucro privado desde hace más de cien años. Se compran sectores cerca de la ciudad o naves obsoletas para evitar que el valor del suelo se dispare y para controlar el precio del acceso a los pisos que se acaban edificando. En todos estos lugares, existe un círculo virtuoso por el que se compran los solares a precios bajos y se califican con los instrumentos urbanísticos que se consensúan con el vecindario: porque es patrimonio público, la ciudadanía interviene activamente en la toma de decisiones sobre las alturas, la densidad o si es necesario hacer un barrio más verde, más residencial o con un espacio público singular. Una vez consensuados los proyectos, se edifican en derecho de superficie para mantener para siempre la propiedad pública.
Así se va construyendo un patrimonio público que no es monumental y que no es visitable en los circuitos turísticos, pero que es indispensable para los residentes actuales y para los futuros. Si después de visitar la catedral de turno tenéis ganas de perderos por la ciudad, pensad en los patios plantados, los balcones y las azoteas que podríamos promover juntos en nuestras ciudades para contribuir al derecho a la vivienda.
