Hay una demolición en curso pero no es solo la del gobierno (esto dependerá en gran medida de hasta dónde aguanten los socios de investidura de Sánchez, porque él piensa aguantar) sino la de todo el edificio institucional y político del estado español. Quizás sea más exacto decir que la demolición que se producía de hace años contra objetivos más acotados se produce ahora a la escala del gobierno de España. El golpe de estado judicial es una realidad dentro de la vida política española al menos desde el 2010, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, y así lo han denunciado repetidamente –predicando en el desierto, no hace falta decirlo– diversos juristas progresistas. Después hemos ido conociendo que otros poderes del Estado, como la Fiscalía o la policía, trabajaban contra gobernantes y representantes electos, como vimos con las causas contra el independentismo catalán y las izquierdas españolas. Finalmente le ha tocado también al PSOE, por haberse pasado a los enemigos de la patria española, es decir por haber construido una mayoría de gobierno justamente con los independentistas catalanes (y los vascos), con las izquierdas españolas y con casi todas las minorías con representación en el Congreso.Es evidente que el PSOE, con Sánchez el primero, se encuentra acorralado y protagonizando una confusa huida hacia adelante en la que se hace muy difícil saber qué es cierto y qué no en el alud de porquería que cae cada día sobre la vida pública española. También lo es, de evidente, que el Partido Popular actúa con información privilegiada, hasta el punto de anunciar o de llevar incorporados a sus argumentarios y discursos los próximos movimientos de jueces y policías. Es otra evidencia que nunca hasta ahora se había imputado a un expresidente del gobierno español, y mucho menos sobre la base de indicios, en un país que ha sido gobernado por individuos como Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, poseedores de fortunas y patrimonios sobre los cuales impera la opacidad más absoluta. El hecho de que la UCO haya entrado este miércoles en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, se supone que debería ser equivalente al registro del 2013 en la calle Génova de la misma ciudad, con el detalle de que hace muchos años que sabemos que la sede del PP fue pagada con dinero ilegal.Hemos visto también desfilar recientemente ante la justicia a Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y otros gobernantes del PP por la trama Kitchen (uso espurio de la policía para espiar adversarios políticos), y volver a salir con la cara bien alta después de declarar que no sabían nada o no se acordaban, asistidos por una magistrada que se afanaba a interrumpir los interrogatorios más incómodos. Mañana el hermano de Sánchez también declara ante la justicia, por otro caso fabricado a partir de inspiraciones y suposiciones. En algo acierta Feijóo, y es que el ambiente es irrespirable. El ataque total de la derecha consiste en querer gobernar sobre un solar sepultado con las ruinas del estado de derecho. Tienen modelos de cómo hacerlo (las caídas de Lula da Silva en Brasil y de António Costa en Portugal, a partir de causas falsas) y los aplican a fondo.
