Engordar el Código Penal en nombre del feminismo
No hay nada que de más gusto a gobiernos de izquierdas o derechas que crear nuevos delitos. Es una manera fácil y barata de enfrentarse a problemas o demandas sociales. Normalmente no soluciona el problema de fondo, pero se hace “algo”. Hoy en nombre del feminismo, se acaba de aprobar una reforma para castigar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas de aborto –y a sus trabajadores– con penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad.
Nos puede parecer terrible que las mujeres que van a abortar sean llamadas asesinas por fundamentalistas cristianos o se vean enfrentadas a espeluznantes imágenes de fetos destrozados. Pero por muy ruin que nos parezca, la mejor solución no es enfrentarse a este hecho con más penas o más policía. Primero, porque ya tenemos la experiencia de los delitos de odio que se pensaron para combatir los ataques a las minorías –raciales, sexuales– y hoy se están aplicando para alargar procesos y aumentar penas a activistas sociales por “odio a la guardia civil” o a los “nazis”. Por muy buena intención que se tenga esta norma abre la puerta a nuevas leyes que persigan la protesta social legítima. ¿Quién dice que en un futuro no se prohíba manifestarse frente a un banco?
Lo segundo es interrogarse por el fondo de la cuestión. Aquí el problema es que en el Estado Español solo el 15,4% de los abortos se llevaron a cabo en la sanidad pública –con datos del 2020–. De manera que, al derivar estas intervenciones a clínicas especializadas, para los ultras es más fácil identificar y acosar a las mujeres que interrumpen su embarazo que si estas acudiesen a un hospital con más funciones. Lo que habría que hacer –y que no quiere encarar este gobierno– es regular la objeción de conciencia de los médicos en la sanidad pública para que no haya hospitales enteros y hasta comunidades al completo en las que no se realizan abortos en ella. Por supuesto, también es una medida más compleja y difícil de implementar ya que implicaría una confrontación a varios niveles. Pero si se dice hablar desde el feminismo como dice este gobierno, hoy debería ser innegociable. Y no solo para combatir el acoso, sino para garantizar unas condiciones imprescindibles para el ejercicio de un derecho que hoy está lleno de barreras.
No sabemos si esta medida va a detener el acoso o se prepara el terreno para el “martirio” de los fundamentalistas. Lo que sí sabemos es que más código penal implica más recursos públicos destinados a policías y al sistema jurídico, recursos que podrían emplearse en mejorar las condiciones de vida o los servicios públicos, como vía más efectiva de encarar los problemas sociales. Desde el feminismo de base se pide también una apuesta decidida por la educación sexual en las escuelas para prevenir los abortos, algo que el gobierno ha vuelto a meter en un cajón. Ya sabemos, engordar el Código Penal es más fácil, sobre todo cuando se hace en nombre del feminismo. Últimamente parece que da puntos.
