Las excusas ya las conocemos, incluidas las que señalan la propia complejidad de la sociedad catalana como la causante de los endémicos déficits inversores del Estado en Catalunya. Podrían explicar en parte algunos retrasos, sí, pero no el incumplimiento estructural, persistente y creciente que muestran los datos. Es más: si, en efecto, este fuera el problema –cosa, repetimos, muy discutible–, ¿no es una realidad perfectamente conocida ante la cual hace tiempo que se tendrían que haber aplicado mecanismos eficaces de arbitraje, por ejemplo más diálogo con las administraciones locales y con la sociedad civil? Y aún más: ¿cómo es que en las obras que hace la administración catalana no se dan estos escandalosos atrasos? La obra en infraestructuras de la Generalitat en el periodo 2001-2019 se ha ejecutado en un 88%.
El diferencial entre presupuestos y ejecución hace tiempo que existe y el principal responsable es, y solo puede ser, la administración ejecutora, es decir, la del Estado. No asumir esta responsabilidad, minimizar el alcance de este agravio sistemático, camuflar el porcentaje de incumplimiento con la cifra global son maneras de hacer más sangrienta la injusticia. No se puede despreciar así a la ciudadanía. Roza la tomadura de pelo. ¿Nadie es capaz, en ningún ministerio, de ir más allá en las explicaciones, de entrar en el detalle de casos concretos? Y si no hay motivos técnicos creíbles, pues que haya explicaciones políticas. Porque se mire como se mire, esto es un desastre, y no solo para la economía y la sociedad catalana, que sin duda es la gran perjudicada, sino, visto desde Madrid, también para la española. Porque no tiene ningún sentido este castigo perenne a la región más dinámica del Estado. Las mismas patronales catalanas han salido, una vez más, a reclamar un plan de choque que nunca llega. Si la resignación no es una opción y la denuncia es un clamor al aire, ¿entonces qué?
El PSOE –y por supuesto el PP– no tienen la valentía o la lucidez para combatir desde dentro los resortes de un centralismo sistémico, que no solo no los penaliza electoralmente, sino que los puede llegar a premiar, especialmente a aquellos que ya han dado por perdida Catalunya como palanca de acceso a la Moncloa. ¿Pero, en cambio, qué piensa sobre ello el PSC? Si los socialistas catalanes aspiran un día a volver a gobernar Catalunya y pretenden continuar siendo claves para una victoria en España, ¿tienen alguna idea para corregir el déficit inversor del Estado? ¿Y para mejorar el sistema de financiación? De momento, no parece que el hecho de tener la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, haya supuesto ninguna mejora. Y en cuanto a los comuns, desde el gobierno de Barcelona ya han experimentado estos últimos años el agravio de trato respecto a Madrid: su influencia en el ejecutivo de coalición español tampoco ha dado frutos muy palpables en este sentido. Finalmente, por supuesto, la reacción del Govern independentista, y más en concreto de una ERC dolida, ha sido indignada: sus esfuerzos para llevar el conflicto soberanista al terreno de la política están encontrando como respuesta el desprecio del ejecutivo de Pedro Sánchez por la vía de los hechos: ni diálogo, ni inversiones, ni lengua. ¿Estamos volviendo a la casilla de salida de antes del Procés? ¿A una nueva acumulación de agravios?
