El escándalo queda muy repartido
Lo que se ha publicado sobre la operación Catalunya debe entenderse como un enunciado: a saber, durante años, el gobierno de España, con el presidente del gobierno y el ministro de Interior al frente (y el visto bueno del Consejo de Ministros en pleno), utilizó los poderes del estado para hacer guerra sucia contra el independentismo catalán. Ahora bien, este enunciado es muy amplio y tiene ramificaciones prácticamente interminables en los ámbitos más diversos: policial, judicial, institucional, político, empresarial, mediático, militar. Posiblemente, también, en ámbitos que pueden parecer en principio más lejanos a una conjura de esta naturaleza, como los deportes o la cultura. Un buen ejemplo de estas ramificaciones son las maniobras que se llevaron a cabo con el fin de destruir la carrera, la reputación y (si era posible) la persona de la que era el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, desde bastante antes del 17-A y del Proceso: concretamente, desde que Trapero hizo perseguir y desmontar una trama de agentes corruptos de la Policía Nacional que se dedicaban a extorsionar a los propietarios de los puticlubs de Castelldefels: la vista gorda en cambio de barra libre y servicios gratis. Por tanto, se equivocan de nuevo los que quieran despachar la cuestión refiriéndose a algunos excesos que se hayan podido producir en el transcurso de unas actuaciones encaminadas al bien superior de proteger la unidad de España. Es exactamente lo contrario: la unidad de España ha servido aquí, una vez más, para desmontar por dentro los principios esenciales de la democracia. Y esto, como subraya Antoni Bassas, a cargo de quienes dan lecciones sobre el estado de derecho y cómo respetarlo.
Como el tema es proceloso, las responsabilidades salpican a varios partidos, entre ellos el PSOE, que por omisión o de forma activa dio su visto bueno a los movimientos del alcantarillado estatal. E incluso Podemos, el partido que debía asaltar el cielo (ahora ha sido el décimo aniversario de su fundación, una efeméride no muy celebrada por quienes fueron sus impulsores) pero que se encontró mirando hacia otra banda en el caso del espionaje Pegasus.
Sin embargo, sin duda el grueso de las responsabilidades, y el liderazgo de la operación Catalunya y sus derivadas, recae en el Partido Popular y en la derecha sociológica y sistémica que domina el poder madrileño, y por extensión español. El Partido Popular (y sus secuelas, se llamen Ciudadanos o Vox) son productos de esta derecha, cuyo poder y privilegios son previos a la construcción de la democracia: son previos, incluso, a la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Algunos de los puntales de esta derecha, no todos, los encontramos inventariados en el Ibex 35, o entre los invitados a la fiesta de cumpleaños del rey Juan Carlos en Abu Dhabi, o entre los que tienen algún interés en que Rafael Nadal se convierta, de forma casi caricaturesca, en embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí. Grupos de poder convencidos, como suele decirse, de ser los dueños de España. Tal vez porque lo son.
