Financiación autonómica: el vaso medio lleno
El viernes, la vicepresidenta del gobierno español presentó públicamente la propuesta del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Fuera de Catalunya, la propuesta ha suscitado una furibunda oposición por parte del PP y del presidente socialista de Castilla-La Mancha, en ambos casos porque consideran que no sólo favorece excesivamente a Catalunya, sino que supone una ruptura del sistema de solidaridad que debe garantizar el Estado, y que lo hace porque el presidente Sánchez ha cedido al chantaje de ERC. Dentro de Catalunya, son bastantes las voces –Juntos y la patronal Foment, entre ellas– que le denuncian por el contrario, añadiendo que consideran que queda corto respecto a los compromisos adquiridos por el PSOE y por el PSC en los pactos de investidura. ¿Quién tiene razón?
Es evidente que las primeras críticas no se sostienen. La propuesta beneficia sobre todo a Murcia y la Comunidad Valenciana, que son las comunidades de largo peor financiadas; después vienen Castilla-La Mancha (!), Cataluña y Andalucía. Las que menos mejoran su situación son La Rioja, Cantabria, Castilla y León y Extremadura, que actualmente se benefician de una financiación mucho mejor que el resto. Es decir, la propuesta modifica la situación de forma esencialmente correcta.
Se podría criticar que estos efectos se consiguen a través de un mecanismo complejo y poco sólido (el cálculo de la población ajustada, un fondo climático, etc.), pero la propuesta no es más (sino menos) compleja que el modelo actual y, además, no es esto lo que motiva las críticas de fuera de Cataluña, sino el hecho de que la reforma beneficie a quien debe beneficiar. No son, por tanto, legítimas.
Consideramos ahora las críticas internas.
La legítima y explícita aspiración del catalanismo es doble: que la financiación autonómica no constituya una de las causas del excesivo déficit fiscal que sufre Catalunya y que la gestión de los impuestos que pagamos los catalanes la haga la Generalitat. Aunque a menudo se confunden, se trata de dos objetivos distintos.
El primero exigiría que la mejora fuera de 6.000 M€, porque ésta es la cantidad con la que la financiación autonómica contribuye al exceso de déficit fiscal: un 2% del PIB. Curiosamente, esta es la cantidad en la que mejoraría la financiación de la Generalitat si la propuesta que tenemos sobre la mesa se aplicara sobre la población real y no sobre la población ajustada. También nos acercaríamos si la propuesta incluyera como parámetro el coste de la vida. El caso es que en vez de 6.000, la propuesta proporciona 4.700 M€ adicionales. Legítimamente, unos pueden ver un resultado insuficiente y otros pueden ver una mejora significativa; yo me cuento entre los segundos.
En cuanto al segundo objetivo –la gestión integral de los impuestos por parte de la Generalitat–, forma parte de los acuerdos entre el PSC y ERC por la investidura de Salvador Illa, pero explícitamente se reconocía que esta asunción de funciones debía ser "progresiva", y no formaba parte de los cinco acuerdos cuya ejecución debía ser inmediata: mejora "sustancial" las competencias no homogéneas y el consorcio para gestionar las inversiones del Estado en Cataluña.
Como en el caso anterior, aquí también nos encontramos con una realidad que puede ser juzgada o no como insuficiente. Es indudable que la propuesta no establece que la Generalitat gestionará integralmente los impuestos de los catalanes, pero también es cierto que se dan tres pasos en esta dirección. Primera, la Generalitat podrá participar en la recaudación del IRPF a partir del ejercicio 2026, un paso imprescindible para que se vaya dotando de los recursos y de la experiencia para sustituir a la larga a la AEAT. Segunda, la Generalitat podrá participar de una caja única donde se depositará la recaudación, por lo que podrá disponer automáticamente de los recursos que le corresponden (como si los hubiera recaudado ella). Tercera, la Generalitat podrá optar por que la financiación de las competencias no homogéneas se realice mediante un porcentaje de la recaudación del IVA (como sería el caso si su financiación fuera vía concierto).
En definitiva, es cierto que la propuesta es una modificación del sistema de financiación ordinaria, pero también es cierto que permite que las comunidades puedan optar por evolucionar en la dirección del sistema de concierto, y es obvio que estas opciones se crean para acomodar los objetivos de los partidos catalanistas. Los impacientes tienen motivos para la insatisfacción, porque no se establece el objetivo final, mientras que los pacientes pueden sentirse satisfechos sabiendo que el objetivo final está muy lejos (a la Generalitat le costará más de una década construir algo parecido a la AEAT) y que la cuestión es poder dar los primeros pasos. También en este caso, yo me cuento entre los segundos.
