En la reforma de la financiación de Catalunya, más de lo mismo no es solución. Pero el punto de partida sí es siempre el mismo: cuánto contribuye Catalunya al sostenimiento del Estado español, y qué recibe a cambio. En financiación autonómica contribuimos por renta, una aportación incrementada por la progresividad fiscal de la imposición directa y por el mayor cumplimiento fiscal en la indirecta, y se nos devuelve, para las competencias transferidas, apenas lo que corresponde por el peso poblacional respecto del española; y mucho menos aún por las competencias que son exclusivas del Estado y que ejerce sobre el territorio del país. Así, si Cataluña aporta en torno al 22 o 23% de la recaudación total, recibe por la parte autonómica algo menos del 17% (su peso poblacional), y por la parte de las competencias propias del Estado, dependiendo del año, en torno al 11 o el 13%. Dejo fuera a la Seguridad Social, que se sabe que es un sistema de base contributiva, deficitaria para todas las comunidades –para Catalunya no lo es más que para la media española–, que siempre debe valorarse por períodos más largos que los presupuestarios anuales.
De esta manera, la parte de la financiación autonómica no es la peor del drenaje de recursos que sufre el país actualmente, pero, por su mayor transparencia, es hacia ésta que se dirigen las miradas para mejorar el conjunto de la financiación de Cataluña. Aunque –hay que recordarlo– nunca se podrá cerrar totalmente por esta vía el déficit fiscal; es necesario considerar el resto de la balanza fiscal, en manos del Estado. El gobierno central, desde su discrecionalidad, puede neutralizar una mejor financiación autonómica reduciendo la actuación directa en ejercicio de las competencias no transferidas.
Alguien puede estar tentado de creer que desde el modelo actual, en el que el Estado lo recauda prácticamente todo y transfiere gasto a gusto y hambre según cuál cree que son las necesidades de cada comunidad –partiendo de lo que cada comunidad pide –, se puede reformar el sistema. Pongamos argumentos sobre la mesa de cómo con la misma canción no encontraremos encaje para Cataluña.
Quienes piensan en un nuevo embate de reforma del régimen común quizás podrían empezar a valorar una evidencia hasta ahora descuidada: que el coste relativo de los servicios es diferente entre comunidades, como lo son las aspiraciones de los profesionales a tener retribuciones de acuerdo con el diferencial de coste de vida medio en la comunidad en la que residen. Esto se ha estimado en varios trabajos publicados para Cataluña –también para las Islas y para otras comunidades–, situando el diferencial respecto a la media española en torno al 10% positivo. Si se reconociera esta evidencia, al menos por los componentes salariales del gasto, supondría una necesidad marginal no inferior a 3.000 millones. Ya sólo con esto se corregiría de forma significativa la insuficiencia financiera, por ejemplo, de la sanidad. Pero está claro que, por la misma razón, deben existir comunidades que están sobrefinanciadas, debido a que sus euros “compran” más servicios en sus territorios. ¿Los restaríamos? ¡Hagan apuestas! Claro que alguien puede decir que la retribución que no da el sector público en comunidades acomodadas la pueden encontrar los profesionales en una compatibilidad del ejercicio público con el ejercicio privado, con cierta parasitación del segundo sobre el primero. ¿Seguro que queremos esto para nuestro sistema de salud? ¿Es ésta la solución propuesta?
Sigo. Es una evidencia contrastada que los ciudadanos de muchas comunidades quieren, en estos momentos, menos –y no más– autogobierno. Incluso algunos añoran las antiguas Diputaciones, más cercanas, y cuestionan la capitalidad de una comunidad que no es la de su provincia. Si además un cambio a mayor responsabilidad fiscal es a costa de perder garantías del “papá” gobierno central, no se formará ninguna cola de partidarios de una mayor autonomía a cambio de un mayor riesgo financiero. Tampoco parece lógico, así, que quien no quiere cambios de régimen, más allá de impedir a aquellos que pide Cataluña, merezca una lluvia de recursos; esto se aplica a Baleares oa Madrid, que se oponen a un nuevo régimen que proteja el principio de ordinalidad, pero que si se aplicara, seguro se apuntarían.
Hoy, los defensores de "más de lo mismo" introducen nuevos argumentos para la supuesta estimación de las necesidades fiscales respectivas: la pérdida de población (les Castelles), el aumento de población (Cataluña) y la sobredensificación por el turismo ( Baleares). En cada caso, los argumentos son ambiguos y contraindicados.
El sistema nunca ha funcionado sobre la base de un coste efectivo por habitante al que fijar una financiación. Por el contrario, el Estado dice cuántos recursos pone a disposición, en fondos y subfondos, y las comunidades participan relativamente de acuerdo con parámetros demográficos. Si todos aumentan población, pongamos por caso, dados los ingresos disponibles, los incrementos absolutos de población pueden significar menos –y no más– recursos per cápita.
Ya se puede ver que todo esto, federal, tiene muy poco. De forma similar respecto a las nuevas prestaciones que el Estado aprueba: pone unos recursos, independientemente de su coste, y que cada uno se apañe, con evidente falta de lealtad institucional.
Para el resto de cosas, el sistema opera con anticipos, que son estimaciones –y que pueden ser suficientemente discrecionales– para los distintos gobiernos. Después de dos años, con las liquidaciones hechas, ¿compensaremos (restaremos) los errores de estimación sobre gastos gastados y recurrentes? ¿Alguien se lo cree? Inventaremos, en su caso, nuevas variables para justificar gastos del tipo paro o mortalidad de forma que “cuanto peor, mejor”. Por último, cabe remarcar para los partidarios de la corrección de diferencias en rentas per cápita, de convergencia regional, que éstos no son objetivos de la financiación autonómica. Éste último trata de rentas públicas (y no privadas), de servicios esenciales del estado del bienestar, y no de infraestructuras, ni de desarrollo regional. Por cierto, esta última es una competencia estatal, y es necesario que el Estado la confronte desde sus ingresos, y no nivelando recursos entre comunidades; desde transferencias condicionadas no consolidables, y en todo caso necesitadas de evaluación, como exige Europa.
