El fracaso de la renta garantizada como síntoma
BarcelonaLa Sindicatura de Comptes ha publicado un informe demoledor sobre el fracaso en la gestión de la renta mínima garantizada, aprobada hace cuatro años y valorada como un gran adelanto para luchar contra la pobreza, en el que señala que solo ha llegado a una mínima parte de la población que tenía derecho a ella. “Se puede concluir que la ley de renta garantizada de ciudadanía ha sido insuficiente para asegurar una vida digna a las personas que estaban en situación de pobreza”, concluye la Sindicatura. La cantidad de incompatibilidades que se incluyeron hicieron que de las 90.000 solicitudes presentadas en 2018 se rechazaran 60.000, el 66% del total. Pero es que de las 30.000 que superaron el trámite, solo 13.500 salieron adelante. El resto quedaron para el año siguiente.
Este es uno de los problemas más graves que detecta la Sindicatura: la incapacidad de la administración para cumplir los plazos y dar respuesta al ciudadano. Una de cada cuatro peticiones de la RGC se tramitó demasiado lentamente, fuera de los plazos que prevé la misma ley. Todavía tardaron más los complementos de pensiones estatales y no contributivas: más del 88% llegaron tarde. El resultado es que, si bien Catalunya tenía en 2018 un 25% de población en riesgo de exclusión, las ayudas solo llegaron a un 1% de la población. Lo que tenía que ser un gran salto en el estado del bienestar, pues, quedó en fuego de virutas. Y todo por una legislación demasiado farragosa y una administración ineficiente y poco ágil.
El informe estudia un periodo anterior a la pandemia, pero es justamente durante estos dos últimos años, cuando se han tenido que implementar ayudas a diferentes sectores económicos afectados por las restricciones y los cierres, que se ha visto claramente que la administración no está preparada para responder, ni la estatal ni la autonómica. Lo vimos con episodios como el colapso de la web de la Generalitat en la que los autónomos podían solicitar ayudas, y también en los retrasos para cobrar los ERTE y en el colapso de las oficinas del SEPE, donde los funcionarios tuvieron que hacer frente a la indignación de ciudadanos desesperados porque no les llegaba el dinero prometido.
El contenido del informe y la experiencia de la pandemia nos traen a una conclusión muy clara: no sirve de nada aprobar ayudas sociales si después no hay una administración preparada para hacerlas llegar a la gente que las necesita. Y en general, la administración necesita una puesta al día. La pandemia ha demostrado que se tiene que ser rápido y ágil, que la diferencia entre que una ayuda llegue a tiempo o no puede ser el cierre de un negocio o una desgracia familiar. Las democracias modernas se tienen que poder dotar de mecanismos de reacción rápida ante situaciones de emergencia, y aprovechar al máximo las posibilidades de la digitalización para ser más eficientes y quirúrgicas. Hay que eliminar barreras burocráticas y hacer los trámites más ágiles y sencillos. Hay que atender a la gente equitativamente, y esto quiere decir tener en cuenta la brecha digital y reforzar la presencialidad. Tendría que ser un objetivo prioritario para los próximos años.
