Hago referencia a la denominada financiación singular, que constituye el segundo punto del acuerdo de investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.
En su día me sorprendió muy gratamente que el PSC (con la bendición del PSOE) se hubiera comprometido a ello, pero, después, me ha sorprendido no muy gratamente la confusión que han generado buena parte de quienes lo han comentado públicamente. A menudo se ha afirmado que el PSOE no lo cumplirá, y con frecuencia que se trata de un acuerdo confuso y que todo dependerá de su concreción. La primera afirmación es una predicción perfectamente probable que no puede discutirse; la segunda, en cambio, me parece una solemne equivocación, porque el acuerdo está muy claro.
El acuerdo consta de tres puntos, cada uno de los cuales merece algunos comentarios.
1. La Generalitat recaudará todos los impuestos estatales. Se trata de un acuerdo que admite pocas dudas, aunque su implementación no puede ser inmediata porque a la Generalitat le va a costar dotarse de la capacidad técnica para ejecutarlo.
Que es posible llevarlo a la práctica lo pone de manifiesto no solo que los impuestos estatales alemanes son recaudados por los lands, sino que en España lo hacen –en sus respectivos territorios– unas diputaciones tan pequeñas como las de Álava o Navarra.
Sin embargo, dado el peso que tienen los cuerpos del Estado en la política española, a nadie se le puede escapar la trascendencia de que esta función –tan nuclear– deje de ser ejercida por funcionarios del Estado. El catalanismo lleva décadas reclamando controlar la recaudación de los impuestos, y el acuerdo es meridianamente claro al respecto.
2. La Generalitat transferirá al Estado el coste de los servicios prestados por este a los catalanes, y lo hará "a través de un porcentaje de participación en los tributos". La primera parte de este punto es de sentido común y es idéntica a los sistemas vasco y navarro. En cuanto a la segunda (el pago se realizará como un porcentaje de la recaudación), se ha querido ver una diferencia sustancial con los sistemas vasco y navarro. No estoy de acuerdo. Lo que importa es el importe que la Generalitat deberá transferir, cuyo cálculo no estará exento de desacuerdos pero deberá realizarse con la misma metodología que se utiliza en los casos vasco y navarro. Que después ese importe se traduzca en forma de porcentaje solo incidirá marginalmente en el importe a transferir en los años que transcurran hasta el próximo recálculo del coste.
3. La Generalitat transferirá al Estado una cantidad adicional en concepto de solidaridad con otras comunidades autónomas que será explícita y estará limitada por el principio de ordinalidad.
La inclusión de un importe en concepto de solidaridad ha sido una constante en las propuestas que el catalanismo ha ido haciendo en las últimas décadas, y el pacto fiscal de Artur Mas, sin ir más lejos, lo incluía explícitamente. Lo que nunca había sido delimitado con claridad había sido su volumen, lo que el acuerdo hace mediante el principio de ordinalidad.
Ciertamente, la ordinalidad es un concepto elástico, porque lo que establece es que Catalunya no puede quedar, después de la transferencia, peor que ninguna comunidad autónoma que haya aportado menos, pero no dice si debe quedar un poco, bastante o mucho mejor. Por este motivo, sobre el acuerdo se han volcado dos acusaciones: que es ambiguo y que puede dar lugar a abusos si el principio se lleva a su extremo más dañino para Catalunya. Discrepo una vez más.
Supongamos que el principio de ordinalidad se llevara al extremo de que, tras las transferencias de solidaridad entre las comunidades autónomas más ricas y las más pobres, todas ellas se quedaran con el mismo importe por habitante (tecnicismo para iniciados: y por competencias y esfuerzo fiscal homogéneos). ¿Sería esto inaceptable? Castells así lo piensa, ya que declaraba al ARA que "la ordinalidad podría cumplirse y, sin embargo, tener un grado de nivelación totalmente abusivo, cercano al 100%". Ahora bien, esto es exactamente lo que ocurre en Alemania, donde los lands se quedan, tras las correspondientes transferencias bidireccionales entre ellos y el Estado, con la misma cantidad por habitante.
¿Qué representaría para Catalunya esta interpretación extrema? Que debería quedar igual que la comunidad que está mejor financiada, que es Cantabria. ¿Sería grave que la Generalitat recibiera por habitante lo mismo que la Diputación de Cantabria? Las opiniones son libres, pero lo cierto es que la Generalitat mejoraría su posición respecto a la actual en más de 6.000 millones de euros por año, y nadie mínimamente informado puede considerar políticamente viable una mejoría superior en la actual coyuntura. Como la política es el arte de lo posible, no veo qué problema existe en este punto del acuerdo.
Obviamente, que el Congreso de los Diputados vote una mejora tan sustancial para Catalunya solo es viable rompiendo el frente que forman el resto de comunidades autónomas, lo que exige abrir el modelo a aquellas comunidades igual o peor financiadas que Catalunya, y muy en particular en Valencia y Baleares.
En conclusión, el modelo es muy favorable para Catalunya, pero dejará de ser singular o no será.
