"Il gattopardo", nuevamente

MadridLos expertos en historia del cine y los aficionados a las ciencias sociales no necesitan conocer la lengua italiana para identificar rápidamente el origen de esta frase: "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambio". Ha acertado, es el pasaje más conocido de la película de Luchino Visconti Il gattopardo. Quien dice que "si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie" es Tancredi Falconeri (Alain Delon), sobrino del protagonista principal, el príncipe Fabrizio Corbera (Burt Lancaster), un aristócrata siciliano que contempla el fin de una época en los años del Risorgimento, los de la unificación de la Italia. Es relativamente frecuente que las etapas de convulsión recuerden la obra de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, llevada al cine por Visconti con espléndidos resultados, por la producción espectacular y los diálogos brillantes, ya sea en el interior de los palacios –vuelva a ver la larga secuencia del baile, por favor–, o en medio del paisaje siciliano.

Empujado por este reflejo de comparar la vida que pasa con los mejores momentos de exposición cinematográfica, estos días me he dejado llevar por la idea de que volvemos a conocer una experiencia gattopardiana con las negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez. Cualquiera de los actuales dirigentes del PSOE que han apoyado al líder socialista –esto es, todos menos Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha– podrían suscribir la frase dirigida por Tancredi al príncipe Fabrizio. En algunas de las cosas dichas en el último comité federal del PSOE –y sin necesidad de parafrasearlas– podemos reconocer la idea de que todo debe cambiar –por ejemplo, la amnistía primero negada y ahora proclamada– porque al final de la operación resulte que todo lo realmente estructural ha quedado más o menos igual. Cuidado, y no digo que como pueblo no tengamos que aceptarlo. La Constitución no ha agotado sus potencialidades. Lo que no permite, claramente, es cualquier salida que pueda parecerse al ejercicio del derecho de autodeterminación.

Hecha esta precisión, si seguimos con las comparaciones, la escena más impactante de la citada reunión del máximo órgano del PSOE entre congresos fue la de los dirigentes socialistas puestos en pie, como un solo hombre, o una sola mujer, aplaudiendo a Pedro Sánchez después de que dijera que aceptaba la amnistía "en interés de España". A ver si nos entendemos. El PSOE es un partido de tradición jacobina. La negociación para permitir la investidura de su líder responde a una situación de necesidad. Nunca habría ocurrido en estos términos en otro caso. Y esto explica el lenguaje genérico y la inconcreción de los textos conocidos hasta ahora. Lo pactado entre PSOE y ERC es, sobre todo, una declaración de buena voluntad, con varias apelaciones a negociar con "buena fe". Después de todo lo que ocurrió en el 2017 y en años posteriores, hasta los indultos del 2021, fiarlo todo a la buena fe tiene mucho mérito por ambas partes.

El acuerdo PSOE-ERC

Esto no significa que la apuesta tenga que salir mal. Pero implica que se ha perdido mucho tiempo, que las partes deberían haber llegado a las mismas conclusiones hace ya mucho, y habernos evitado muchos incidentes en el recorrido. Resulta obvio que el Procés no era una simple reclamación competencial y financiera. Y ahora lo que acompaña a la amnistía es el traspaso de Rodalies y la condonación de 15.000 millones de deuda en Catalunya. Son acuerdos importantes, sin duda alguna, que refuerzan el autogobierno y la mejora de los servicios públicos. Pero en lo que se refiere a las reivindicaciones soberanistas el pacto queda lejos de lo que denuncia la oposición. El discurso del PP y Vox en este aspecto resulta muy cojo. Es difícil creer que la unidad de España está en peligro por las cláusulas que hacen referencia a la existencia de un conflicto político entre Catalunya y el resto del estado español y a las vías escogidas para tratar de encauzarlo y resolverlo.

Son muy importantes, en este sentido, los cuatro puntos que se destacan al inicio del texto del acuerdo con ERC como principios que le inspiran. Se hace referencia al reconocimiento de la existencia de un conflicto político sobre el futuro de Catalunya. Se habla de la necesidad de desjudicializar ese conflicto y de "dialogar sobre posibles soluciones en un marco de negociación equilibrado por todas las partes encontrando las vías políticas y democráticas para su resolución". Se añade que las soluciones a las que se llegue deben respetar "el principio de seguridad jurídica y los procedimientos y ordenamiento democráticos", todo ello en un marco de compromiso con "los derechos humanos, civiles y políticos". El PSOE ha leído estos enunciados como la confirmación de que cualquier iniciativa unilateral queda, por tanto, como signo de un pasado al que no se aspira a volver.

La negociación con Junts

Más complicada está siendo la recta final del diálogo con Junts. Los socialistas querían acelerar esta semana, pero en el fondo no se han sorprendido del frenazo de Puigdemont. Es obvio que prefieren la imagen del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sentado en torno a una mesa junto al líder de ERC, Oriol Junqueras, en un escenario neutro, a la del número tres del PSOE, Santos Cerdán, y el expresidente de la Generalitat bajo una fotografía de las urnas del 1 de Octubre. Pero cuidado con querer estirar demasiado la cuerda. El gobierno español no quiere en modo alguno ir a unas nuevas elecciones, pero tiene la convicción de que Junts tampoco, por la sencilla razón de que tampoco le conviene. Por tanto, atribuyen en parte el retraso a un deseo de protagonismo en la negociación, a la necesidad de aprovechar una oportunidad de pacto que, más o menos limitado, no tiene alternativa posible a la vista.

En este contexto de última etapa de una negociación que ha roto los esquemas preexistentes, llama también la atención que la movilización de la derecha judicial haya sido previa a la reacción de la derecha política ante los avances de las conversaciones del PSOE con ERC. Es difícil creer que el PP quiera la despolitización de la justicia cuando sus afines les desempeñan el papel de avanzada por sus iniciativas. Lo que está más claro que nunca es por qué llevan cinco años ocupando el Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado.