A las puertas de la manifestación por la vivienda de este sábado, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona cerraron una batería de acuerdos para acelerar, entre otras medidas, la ampliación del parque público de pisos. La Generalitat aportará 120 millones de euros para la construcción de vivienda pública en la capital catalana. En los últimos tiempos, las instituciones se están empezando a poner las pilas ante una crisis de la vivienda que amenaza con romper la cohesión social. Pero partimos de una situación tan precaria que el horizonte de posibles soluciones parece muy lejano. Mientras, el malestar ciudadano, con los jóvenes como el colectivo más afectado, está empezando a desbordarse.
No en vano, la situación es realmente crítica. El choque entre sueldos y precios de la vivienda resulta sangriento. De 2015 a 2023, los salarios en Catalunya crecieron un 18,6%, mientras que en el mismo periodo los alquileres subieron un 49,8%. Además, la renta per cápita retrocedió diez puntos. En Barcelona, el esfuerzo por vivir de alquiler era del 30,5% de los ingresos en 2015 y ahora ya supera el 40,3%. Más datos: en los últimos 15 años, la edad media de los compradores de pisos ha pasado de 37 a 47 años, lo que apunta a la precariedad de los jóvenes, que cada vez lo tienen peor para emanciparse: ahora la edad media de irse de casa ya está en los 29,8 años.
Las viviendas nuevas en Catalunya ya superan los precios del 2007, el año antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Esta semana hemos sabido que la oferta de viviendas de lujo nunca había sido tan alta: de 2019 hasta 2024, la oferta de este tipo de viviendas ha crecido un 150%. El turismo y el alquiler de temporada –con los expados como principales demandantes– han sido y son factores clave del encarecimiento. Y cuesta mucho frenar su incidencia.
¿Cómo salimos del callejón sin salida? No es tan fácil. Se han empezado a arbitrar un abanico de medidas que no siempre están demostrando efectivas o que no tienen suficiente alcance. tensionadas ha provocado una bajada del precio del 5%, pero al mismo tiempo ha hecho desaparecer parte de la oferta. en el 2030, pero está por ver cómo se puede conseguir: hace falta un gran acuerdo público-privado. han dado–, que permiten a los extranjeros obtener el permiso de residencia adquiriendo una vivienda por un precio superior al medio millón de euros. Los expertos también reclaman dar una garantía pública a los propietarios para que alquilen por debajo el precio de mercado, mientras que en otro sentido hay propuestas de desincentivos fiscales a los propietarios que tengan pisos vacíos. BK_SLT_LNA~ Las respuestas y los aciertos sólo se encontrarán pasando a la acción. Si es necesario, con procesos de prueba-error. pasos hacia delante.
