Jordi Pujol declara esta mañana en la Audiencia Nacional, en Madrid. Al comienzo de las sesiones no le hicieron ir y, en cambio, hoy sí. Todo el mundo sabe el porqué. Incluso el presidente Illa lo ha puesto en evidencia.
El tribunal no quiere que se diga que se ha ablandado porque el acusado tiene 95 años, va con andador, no oye muy bien y se repite. No importa que sepan que no está en condiciones de defenderse, tal como ya les dijeron los forenses hace cinco meses. Tiene que pagar un precio el hombre que, después de pasarse la vida afirmando que no era independentista, acabó diciendo que ya no tenía ningún motivo para no serlo, porque los catalanes solo tenían dos posibilidades: o residuales o independientes. Cuando Pujol habló de puentes rotos, dos generaciones de catalanes se le valen escuchar, aunque fuera para discrepar. Pero si hasta el propio Pujol lo decía, quizás sí que no quedaba más remedio que tirar adelante. Y el Estado mismo que cuando se retiró le tanteó para ofrecerle un título nobiliario por los servicios prestados, tomó nota.
El juicio se está acabando y su nombre casi no ha salido en los cinco meses de vista oral. Por eso hay gente próxima al expresidente (y optimista) que cree que hacerlo ir a Madrid solo tendría un sentido, que es que después del examen al que será sometido antes de comenzar la sesión, el juez lo acabe retirando de la causa por incapacidad, situación que sería una posibilidad más deseable para el tribunal que tener que absolverlo.
Es el último juicio de la vida de Pujol, pero no tan importante como el de 1960 ante un consejo de guerra durante la dictadura de Franco. Sobre el juicio de la historia, el tribunal popular ya hace tiempo que ha separado al Pujol padre de la patria del Pujol padre de familia.
