“Venir y dar una patada en la puerta tiene premio en España”, dice Jorge Buxadé, secretario general de Vox, para referirse a la regularización de inmigrantes. Pero la mayoría de personas que se verán beneficiadas por esta medida no han llegado dando ninguna patada: hace años que están dentro, a menudo abriendo y cerrando nuestras puertas cada día —y asumiendo unos cuidados que, como sociedad, no estamos resolviendo.Alrededor de medio millón de personas: una cifra que impresiona. De ahí que Feijóo hable de regularización "a granel" y que la oposición agite el fantasma del efecto llamada. Pero los datos no avalan este miedo: ni la regularización del 2005 —que dio papeles a más de 576.000 personas— ni ninguna otra regularización en España generó ningún efecto medible, según los estudios disponibles. Los flujos migratorios dependen del ciclo económico y la situación en los países de origen, no de las políticas de acogida del país receptor. Y el requisito de esta medida es claro: hay que demostrar que te encontrabas en España antes del 1 de enero del 2026. No se regulariza a quien llega, sino a quien ya está aquí —personas que hace años que trabajan y viven en nuestros barrios, a menudo sin ningún derecho formal que lo reconozca.Pero, más allá de la polémica, ¿se trata de una buena medida? La mayoría de estas personas ya trabajan, pero en la economía sumergida, sin cotizar ni tener derechos laborales. La regularización no crea nueva mano de obra —ya está ahí—, sino que la saca de la precariedad y la incorpora a la Seguridad Social. Diversos estudios encuentran que el impacto fiscal de la inmigración es "claramente positivo": aportan más de lo que reciben. Dar papeles a personas que ya están aquí es también la manera más eficaz de saber quiénes son y dónde están. Y, finalmente, una sociedad que se beneficia del trabajo de alguien sin reconocerle ningún derecho es una sociedad explotadora. En un momento en que Europa endurece las políticas migratorias, Sánchez va a contracorriente.
Ahora bien, esta medida tiene dos problemas. El primero es de diseño: una regularización de esta envergadura se ha aprobado por decreto, sin un acuerdo parlamentario amplio. Una política migratoria estable requiere consenso; un decreto puede ser recurrido, bloqueado o revertido —y de hecho, la Comunidad de Madrid ya lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que ha admitido el recurso a trámite. El segundo problema es de implementación. El proceso ha arrancado con colas, fallos informáticos y falta de personal. Las oficinas públicas están desbordadas y el sistema no estaba preparado para gestionar cientos de miles de expedientes en pocos meses. Y a partir del verano, cuando entren en juego el SEPE y otros organismos, el colapso podría extenderse aún más.Las críticas al diseño y a la implementación son legítimas. Pero no deberían hacer olvidar que, a pesar de todo, esta medida llega —tarde y de manera imperfecta— para reconocer a personas que el Estado ha ignorado durante años.
