Giorgia Meloni hace unos días en Budapest.
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En Italia, el gobierno de ultraderecha que preside Giorgia Meloni está preocupado (más bien cabreado) por lo que no dudan en calificar de "intromisión" de la justicia en su agenda política. En su agenda de deportaciones, por ser más exactas, ofrecida al respetable como política sobre inmigración. Cómo leer en la información de Núria Sala Ventura en este diario, de nuevo un tribunal italiano ha detenido la deportación de siete inmigrantes al centro de retención (un eufemismo por no hablar de prisiones ni de campos de concentración) de Gjadër, en Albania. Ya había ocurrido lo mismo hace menos de un mes, con otro grupo de dieciséis inmigrantes que fueron transportados hasta un puerto albanés, pero que tuvieron que ser devueltos de inmediato a Italia por orden de un tribunal de ese país. Miembros destacados del ejecutivo italiano, como el vicepresidente y líder de la xenófoba Lega Italiana, Matteo Salvini, o el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, han acusado a los jueces de “hacer política” y de “interferir” en el acción del gobierno. La propia Meloni no ha sido de abundar en esta idea. El contraste con la situación en España, donde una parte importante de la magistratura pone descaradamente la justicia al servicio de los intereses políticos de la derecha y la extrema derecha, es notorio.

Los reveses judiciales ponen en entredicho el procedimiento de gestión fronteriza del gobierno Meloni, que, además de atacar los derechos de los inmigrantes, es económicamente costoso: Roma pagará a Tirana 800 millones de euros en cinco años (el acuerdo se firmó hace un año) para que los inmigrantes y los solicitantes de asilo que la guarda costera italiana rescate en el Mediterráneo sean retenidos después dentro de estos centros en territorio albanés, fuera de los límites de la Unión Europea (y fuera de los ojos del mundo : la suerte que pueda esperar allí es fácil de imaginar). El “centro de retención” de Gjadër sigue vacío, al menos oficialmente, por ahora, debido a los problemas que encuentra la justicia italiana.

Roma pagará a Tirana, qué frase. El actual gobierno albanés, presidido por el socialista Edi Rama, sucumbió con tanta facilidad a la extrema derecha amable de Meloni como lo ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien considera que las deportaciones de inmigrantes fuera de la Unión Europea planteadas por Meloni y sus tenebrosos socios son un modelo a seguir por todos los Estados miembros. Así lo planteó –con éxito– en la reciente cumbre de Budapest, que marcaba el inicio de la presidencia europea de Viktor Orbán, un conocido euroescéptico y xenófobo con el que Von der Leyen escenifica un distanciamiento que, con Meloni, se transmuta en una cálido entendimiento. Habrá que ver si las deportaciones en masa anunciadas por Trump (ya ha nombrado a un responsable político, Thomas Homan, partidario de la mano de hierro con la inmigración, para hacerlas posibles) chocan también con la justicia americana. Mientras, la combinación del populismo trumpiano en EEUU y del reaccionarismo dominante en Europa conduce a una fuerte involución de Occidente en lo que se refiere a los derechos humanos.

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