11/07/2021

¡Es la justicia, estúpido!

4 min
El ministro de Justicia , Juan Carlos Campo, en comparecencia en el Congreso

MadridHa sido una real crisis de gobierno. O una crisis de gobierno real. 

Es decir: el presidente Pedro Sánchez busca reparar al menos dos grandes áreas del funcionamiento del Gobierno en los que han aflorado grandes fracasos. 

El primero es externo: la política judicial; el segundo es interno, el de la jefatura de su gabinete. 

En el terreno de la política judicial ni la vicepresidenta Carmen Calvo ni el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han conseguido los principales objetivos del gobierno. 

El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Tribunal Constitucional (TC), del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo se mantiene en pie. 

Y tanto Calvo como Campo abrieron expectativas en su capacidad para superar ese bloqueo. 

La elección de Campo para la cartera de Justicia tuvo, entre otras, dos consideraciones. 

La apuesta, en primer término, por sus relaciones con el exmagistrado del TC, Enrique López, secretario de Justicia del Partido Popular y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, para lograr la renovación de un CGPJ caducado en diciembre de 2018. Y que, se dice pronto, ya se ha comido de facto dos años y seis meses del mandato del consejo que le debió sustituir. 

Y, en segundo lugar, su relación de amistad con el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, habida cuenta de la tramitación - ya prevista en enero de 2020 por Pedro Sánchez- de los indultos a los dirigentes independentistas encarcelados. 

Aunque el informe del Tribunal Supremo sobre los indultos no era vinculante para el gobierno (se trataba de conceder indultos a presos con parte de la pena cumplida, es decir indultos parciales), Sánchez esperaba un informe contrario pero de naturaleza estrictamente profesional. No una "sentencia bis".

Ni la renovación de los órganos constitucionales se consiguió, ni el informe de la Sala Segunda del Supremo tuvo la neutralidad institucional esperada.

El ponente y presidente de la Sala Segunda Marchena acusó a Sänchez de autoindultarse. Quizás olvidó que sin la acusación por sedición de la Abogacía del Estado (a instancias de la entonces ministra Lola Delgado y del presidente Sánchez), el tribunal tendría difícil condenar a los dirigentes independentistas ya que, como señaló la sentencia, la acusación por rebelión era insostenible.

Calvo, a su vez, ya había apostado en su día, en 2018, por el nombramiento de Marchena como presidente del nuevo CGPJ y del Tribunal Supremo, que dio como he hecho al filtrarse su nombre, y ,más recientemente, sus apuestas -según los nombres barajados internamente- para la renovación del Tribunal Constitucional se han revelado como "pacificadoras" de una derecha conservadora cada vez más echada al monte. O a los brazos de Vox. 

Anécdotas, haberlas, como las meigas, haylas. 

Sánchez, por ejemplo, encajó muy mal las peleas de salón de Carmen Calvo con los socios de Unidas Podemos, así como las afirmaciones de Campo en una tribuna periodística, en El país, la primera quincena de mayo pasado, según las cuales, el Ejecutivo estaba dispuesto a “estudiar y proponer a las Cortes cambios legales adicionales", caso de que el Tribunal Supremo no avalase las limitaciones de derechos fundamentales como el de circulación o reunión sin el paraguas del estado de alarma. 

Campo se vio obligado a matizar su posición escrita a solicitud expresa de La Moncloa después de que Sánchez expresase su agrio disgusto. 

Precisamente, el testigo de la irritación creada tanto con Calvo como con Campo será ahora clave -junto con la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop- en la futura estrategia de La Moncloa en el terreno de la política judicial.

 Se trata de Félix Bolaños, hasta ahora secretario general de la Presidencia, y hombre de confianza de Sánchez.

La factura del 4-M

Junto a estos hay otros ajustes de cuentas. Como los que han fulminado al secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a Iván Redondo, director del gabinete de Sánchez. Ambos pagan la factura de la fallida moción de censura urdida en Murcia, la cual, a su vez, derivó en la anticipación de las elecciones en la Comunidad de Madrid al 4 de mayo de 2021, que provocó una derrota espectacular para el PSOE y un fortalecimiento relativo del PP.

Ya Sánchez había criticado en la ejecutiva del partido, tras el 4-M, el despìste de sus asesores hasta último momento en La Moncloa respecto al desenlace de las elecciones en Madrid, pese a los grandes medios demoscópicos con los que contaban, en lo que fue interpretado como una alusión velada a Iván Redondo. 

Otra rectificación importante es la que ha hecho Sánchez con el nombramiento de José Luis Albares como ministro de Asuntos Exteriores, lo cual, según fuentes gubernamentales, es el reconocimiento explícito del error que cometió con el nombramiento de Arancha González Laya, cuya expresión más relevante ha sido la gestión de la crisis con Marruecos. Albares marchó a Francia donde residían su mujer, asesora en el Elíseo, y sus hijos. Una crisis matrimonial, mira por dónde, que ha permitido ahora su regreso y su nombramiento como ministro de Exteriores.

La influencia de Zapatero

El cese de Carmen Calvo ha permitido reducir las cuatro vicepresidencias a tres y facilitar el ascenso de Nadia Calviño a la vicepresidencia primera, lo que resulta, obvio es, un guiño a una Comisión Europea que aprobó el 16 de junio pasado el plan de recuperación y resiliencia de España.   

La influencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha dejado sentir en la reestructuración. El cese de Iván Redondo ha sido acompañado del nombramiento en su lugar de Óscar López, hombre de Pepe Blanco y de Rodríguez Zapatero. 

Y el “descubrimiento” de Pilar Llop, que ahora ha sido nombrada en Justicia, también se debe al expresidente del Gobierno.  

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