BarcelonaSe ha convertido casi en una tradición que el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aproveche su discurso en la apertura del año judicial para criticar a otros poderes del Estado, como por ejemplo el legislativo o el ejecutivo. Si el año pasado ya cargó contra los indultos a los líderes independentistas, este año ha sido el turno de la "desjudicialización" que se negocia en la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español. Según Lesmes, lo que se busca es la "impunidad", y defiende que los tribunales no han provocado "conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad". La realidad, sin embargo, es muy diferente. Quizás en origen el conflicto político entre Catalunya y España no haya sido provocado directamente por los tribunales, pero no hay duda de que lo han agravado con actuaciones desproporcionadas que ahora son un obstáculo para la recuperación de una cierta normalidad.
Pero, por encima de todo, Lesmes tiene que respetar la separación de poderes, y esto quiere decir que como representante del poder judicial no puede cuestionar los pactos a los que lleguen los partidos políticos ni las reformas legales que se aprueben en el Congreso de los Diputados. Lo contrario sería el lawfare o gobierno de los jueces, una realidad que está tensionando actualmente muchas democracias, no solo la española.
En cambio, Lesmes tiene razón cuando critica la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ, que lleva cuatro años con el mandato caducado, pero hace tarde cuando amenaza con dimitir para forzar un pacto. Esta dimisión en bloque de los miembros del CGPJ se tendría que haber puesto sobre la mesa al inicio del bloqueo, no cuatro años después cuando la situación ya está muy deteriorada. El PP continúa bloqueando la renovación del órgano de los jueces porque así se mantiene la mayoría conservadora y controla nombramientos clave en el ámbito judicial. Es un incumplimiento flagrante de la Constitución por parte del partido que más se jacta de defender la legalidad.
El caso es que Lesmes parece consciente del desprestigio de la justicia que causa este bloqueo y ahora parece decidido a plantear un pulso a los partidos. Lo que no dice es que quien se niega a renovar los cargos es el PP, no el PSOE, que siempre ha tenido la puerta abierta y los nombres a punto para pactarlos. De hecho, el PP de Casado sí que pactó con el PSOE la renovación de miembros del TC y se comprometió a hacer lo mismo con el CGPJ, pero Núñez Feijóo, que se suponía que era más proclive al entendimiento con Sánchez, ahora no quiere saber nada.
Este jueves el CGPJ se reúne para intentar consensuar los nombres de los dos magistrados del TC que le corresponde nombrar. Un grupo de vocales conservadores conspiraba para intentar bloquear los nombramientos, pero al final se han bajado del carro. Por este motivo, Lesmes, que también es conservador pero quiere mantener un perfil institucional, ha estado en el punto de mira de la derecha los últimos días. De allí que este miércoles quizás se haya querido hacer perdonar por la derecha con un discurso tan duro contra la mesa de diálogo. Al final, Lesmes también actúa como un político. Y esto es lo que hace que los ciudadanos cada vez confíen menos en la justicia.
