El episodio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negando a la vez que el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa pase por ningún concierto económico, y ni siquiera, por una reforma del modelo actual de financiación, es un caso de manual del choque entre la política madrileña y la catalana. Antes de que alguien me objete que la ministra es andaluza y no madrileña, aclararé que no me refiero al lugar de procedencia de cada político, sino de una forma concreta de hacer política.
El madrileñismo es la forma normal de la política española, la que tiene por defecto. Las cosas se resuelven en Madrid o no se resuelven, y se tiene por seguro que lo que conviene a España le conviene también a Madrid, y viceversa. La política española es, en términos generales, un negocio patriótico que se dirige desde Madrid entre dirigentes madrileños (o plenamente integrados en la vida política madrileña). Esto significa que lo que llega desde la periferia se percibe como ajeno, intrusivo, distorsionador, o simplemente de no fiar. Muy en particular si viene de Catalunya, para quien rige el mismo principio que Madrid, pero a la inversa: lo que conviene a Catalunya no le puede convenir a Madrid. Y, por lo tanto, tampoco a España. Este planteamiento ha llevado a menudo a conclusiones estúpidas, como el bloqueo del Corredor Mediterráneo. Pero el planteamiento prevalece.
De acuerdo con esta premisa, dos partidos políticos catalanes llegan a un acuerdo que les cuesta grandes esfuerzos negociadores, mucha letra pequeña y un fuerte desgaste para ambas formaciones, tanto entre las propias filas como entre la opinión pública y la publicada. El acuerdo puede parecerle a cada uno bueno, malo o regular, pero cuesta Dios y ayuda darle forma, levantarlo y firmarlo, y después ambos partidos son conscientes de que tendrán que hacer otro esfuerzo suplementario para defenderlo. Ahora bien: de acuerdo con el planteamiento que hemos descrito, dado que el acuerdo se presenta como positivo para Catalunya, la interpretación automática establece que será malo para Madrid. Sabiendo que esta interpretación se va a dar, el presidente español sale a bendecirlo: es bueno para Madrid y para España, dice, antes de irse de vacaciones.
Pero desde la óptica madrileña esto no es aceptable: si es bueno para Catalunya es una concesión al chantaje independentista, porque ahora Illa se ha vuelto (según el madrileñismo) un converso al independentismo. De modo que, a pesar de todas las cautelas antes descritas, una ministra con tendencia a pisar fuerte sienta la necesidad de salir a desautorizar por completo el acuerdo, sabiendo que la amenaza subsiguiente de los independentistas (dejar caer el gobierno de Sánchez) difícilmente se cumplirá. Para ERC significaría admitir que su estrategia negociadora ha sido fallida, y para Junts conllevaría reventar la ley de amnistía antes de que haya podido acabar de aplicarse (también para Puigdemont), además de quedar ubicados en un rincón incómodo del arco parlamentario, con la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox. Pero vamos, como hace tiempo que vivimos en la política de la bravata, nada se puede descartar.
